Además de sembrar desconfianza en los procesos electorales, ahora se pretende federalizar las elecciones, denuncia el Secretario del Estado de Arizona, Adrián Fontes. CORTESIA: Arizona Secretary of State / Facebook
El secretario de Estado de Arizona, Adrián Fontes, denunció que el presidente Donald Trump está “utilizando su Departamento de Justicia como arma” para investigar a trabajadores electorales y exfuncionarios que se han atrevido a desmentir sus falsedades sobre los comicios, al tiempo que una investigación de Reuters reveló un plan más amplio de la Casa Blanca para ejercer control federal sobre las elecciones en al menos ocho estados.
“No me intimidarán las bravuconadas de Trump ni me silenciarán mientras tu derecho al voto esté bajo ataque”, declaró Fontes, quien recordó que más del ochenta por ciento de los arizonenses emiten su sufragio por correo y que las comunidades rurales y las familias de militares dependen de ese método.
El reportaje de Reuters documenta un patrón sistemático de intervención federal que en Arizona se ha materializado en múltiples frentes; el FBI citó al Senado estatal en febrero para obtener los registros de la polémica auditoría electoral de 2020, mientras que la rama de Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional también solicitó documentos de aquella pesquisa, según confirmaron fuentes oficiales.
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Estas acciones se enmarcan en una ofensiva que ya suma demandas del Departamento de Justicia contra una treintena de estados que se han negado a entregar sus padrones electorales, la mayoría de los cuales han invocado las leyes estatales que protegen la confidencialidad de esos datos y la prerrogativa constitucional de administrar sus propios comicios.
La jueza federal Susan Brnovich, designada por el propio Trump, desestimó el pasado 28 de abril la demanda del Departamento de Justicia contra Arizona, al dictaminar que el Título III de la Ley de Derechos Civiles no faculta al gobierno federal para exigir la base de datos completa de votantes.
El fallo, emitido con perjuicio, impide que la administración vuelva a presentar la misma acción y se suma a las desestimaciones previas en California, Massachusetts, Michigan, Oregón y Rhode Island.
Brnovich fue contundente al señalar que “la lista de inscripción de votantes de Arizona no es un documento sujeto a solicitud del Fiscal General bajo la ley federal”, una conclusión que los abogados del estado calificaron como una reivindicación de su postura.
Sin embargo, la amenaza no se ha disipado, porque mientras los tribunales bloquean el acceso a los padrones, otros funcionarios locales colaboran activamente con las pesquisas federales.
El registrador del Condado de Maricopa, el republicano Justin Heap, ha mantenido correspondencia directa con el Departamento de Justicia y ha señalado su disposición a cooperar con la investigación sobre las elecciones pasadas.
Según reveló el Tucson Sentinel, Heap se reunió en agosto de 2025 con el fiscal federal Timothy Courchaine y expresó su apoyo a los esfuerzos de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, que dirige Harmeet Dhillon.
La organización American Oversight advirtió que esta conducta “debería hacer sonar las alarmas” y que “corre el riesgo de convertir la sospecha infundada en política”.
El propio Trump ha seguido amplificando las teorías de fraude sin aportar prueba alguna; el 9 de marzo, el Senado de Arizona recibió una citación del gran jurado para entregar los terabytes de datos generados por la fallida auditoría de los Cyber Ninjas, una revisión que, pese a haber sido financiada por simpatizantes del presidente y ejecutada por una empresa sin experiencia electoral, concluyó que Joe Biden había ganado el Condado de Maricopa.
La fiscal general Kris Mayes, que junto con Fontes demandó en abril la orden ejecutiva que pretendía restringir el voto por correo, ha advertido que “no se le permite entregar listas de votantes al gobierno federal ni a nadie más. Eso es ilegal”.
El plan de control electoral que Reuters ha documentado se extiende también a Ohio, Nevada, Colorado, Misuri, Georgia, Michigan y Connecticut, e incluye desde la recolección de registros de votantes en al menos seis condados de Ohio hasta la tentativa de acceder a las máquinas de votación en Colorado.
En Nevada, el FBI solicitó información electoral a la oficina del secretario de Estado tras el anuncio de una investigación sobre el fraude en 2020, aunque posteriormente archivó el caso sin presentar cargos.
Lo que unifica estos episodios es la voluntad de sembrar desconfianza sobre el sistema electoral y de acumular datos que, en manos de una administración dispuesta a impugnar resultados, podrían convertirse en un arma política de primer orden.
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Fontes resumió la gravedad del momento con una advertencia que trasciende lo local: “Trump ya ha asestado un golpe devastador a nuestra democracia al sembrar una desconfianza generalizada en los mismos sistemas que utilizamos para celebrar elecciones, especialmente aquí en Arizona. Pero nosotros conocemos la verdad. Estos ataques están diseñados para servir a Trump y a sus aliados, no a los votantes”.
