La fiscal del Condado de Maricopa, Rachel Mitchell, lanzó serias advertencias sobre intrusión federal en el condado y el estado en cara a las elecciones en Arizona. Foto: Cortesía / Captura de pantalla
La advertencia no provino de un demócrata, sino de la fiscal republicana del condado de Maricopa, Rachel Mitchell, quien la semana pasada presentó una moción judicial en la que acusa al registrador Justin Heap, también republicano, de entregar un “poder sin precedentes” sobre los procesos electorales a America First Legal, la organización fundada por el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller.
La disputa, que incluye una investigación criminal por la sustracción de equipo electoral en Tempe, ha encendido las alarmas incluso entre funcionarios conservadores, y coincide con la entrada en vigor de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que restringe el voto por correo, una medida que expertos electorales califican como “una pesadilla logística” a cinco meses de las elecciones intermedias.
En el documento presentado el 8 de junio ante el juez Scott Blaney, los abogados de Mitchell afirman que “el Registrador carece de autoridad legal explícita o implícita para contratar a un asesor externo, y menos a una organización partidista, para que actúe como abogado interno en todos los asuntos bajo su competencia”.
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Mitchell enumeró seis ejemplos de lo que considera una extralimitación: la fundación de Miller ha reclamado autoridad sobre el voto anticipado, ha ordenado a funcionarios electorales ignorar las directrices de la fiscalía, ha amenazado con procesar a quienes usen buzones de votación y ha anticipado nuevos litigios contra la Junta de Supervisores, también controlada por republicanos.
Heap, por su parte, sostiene que actúa dentro de sus atribuciones legales y que el equipo retirado en marzo pertenecía a su oficina.
El episodio que llevó la tensión al límite ocurrió el 12 de marzo, cuando dos empleados de la registraduría retiraron un escáner de pretabulación del centro de tabulación mientras se procesaban los resultados de la elección municipal de Tempe.
El equipo, valorado en 70,000 dólares, fue cargado en una camioneta particular y devuelto 50 minutos después.
“La Oficina de la Fiscal dijo que ya no se podía usar esa máquina porque no sabemos qué le hicieron”, explicó la presidenta de la Junta, Kate Brophy McGee, quien cifró el costo para los contribuyentes en 70,000 dólares.
Un fiscal especial investiga si hubo delito
La vicepresidenta de la Junta, Debbie Lesko, añadió que “el mismo empleado fue visto sacando lo que parecían ser sobres de boletas provisionales de un área segura el mismo día”, aunque un conteo posterior confirmó que todas las boletas estaban contabilizadas.
“¿Quién hace este tipo de cosas? Hablemos de integridad electoral y cadena de custodia”, dijo Lesko.
Heap, mientras tanto, ha defendido su gestión y ha señalado que el verdadero conflicto es con una Junta de Supervisores que, a su juicio, ha usurpado las funciones tradicionales de la registraduría.
Jaque al voto por correo
Mientras la disputa local consume los tribunales, el Servicio Postal publicó el 2 de junio la propuesta de reglamento que desarrolla la orden ejecutiva de Trump del 31 de marzo, la cual exige a los estados entregar listas de votantes antes de enviar boletas por correo.
Tammy Patrick, directora de programas del Centro Electoral de la Asociación Nacional de Funcionarios Electorales, advirtió que “no tenemos una lista nacional de votantes autorizados para votar por correo a nivel federal. Es un cambio enorme en la forma en que se han realizado siempre las elecciones”.
La normativa obligaría a unificar formatos de datos que hoy varían de condado en condado, impondría nuevos códigos de barras y diseño en los sobres, y crearía un portal centralizado en el Servicio Postal cuyo colapso podría paralizar el envío de millones de boletas.
En las zonas rurales, donde una sola persona administra los comicios a tiempo parcial, el impacto sería especialmente severo.
“Hay oficinas rurales que ni siquiera tienen computadora propia; la comparten con el tasador fiscal. No tienen capacidad para generar los códigos de rastreo serializados que exige la regla”, explicó Patrick.
Matt Crane, director republicano de la Asociación de Secretarios de Condado de Colorado, lo resumió sin rodeos: “Sin ofender a nuestros amigos del correo, confío más en nuestros procesos que en los suyos”.
La orden ejecutiva enfrenta al menos cinco demandas de estados y organizaciones defensoras del derecho al voto, que la consideran una invasión inconstitucional de las competencias estatales.
Sin embargo, un juez federal en Washington se negó a bloquearla en mayo, argumentando que la administración aún no había tomado medidas suficientes para implementarla y en Massachusetts, otro tribunal evalúa una petición similar de fiscales demócratas.
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La convergencia de ambos fenómenos —la ofensiva local de Heap, respaldada por Miller, y la restricción nacional al voto por correo— pinta un panorama en el que el condado de Maricopa, donde reside el 60 por ciento de los votantes de Arizona, se ha convertido en el laboratorio de una estrategia más amplia de control electoral.
Que la voz de alarma la hayan dado funcionarios republicanos no es un detalle menor: es el síntoma más claro de que el asalto a los mecanismos electorales ha cruzado una línea que ya ni siquiera los conservadores institucionales están dispuestos a tolerar en silencio.
