Adrián Fontes secretario de estado, destacó que Arizona ya exige prueba documental de ciudadanía al momento de registrarse para las elecciones. CORTESIA: Arizona Secretary of State / Facebook
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que busca crear una lista nacional de ciudadanos elegibles para votar utilizando datos del Departamento de Seguridad Nacional y la Administración del Seguro Social.
La medida también exige que el Servicio Postal solo entregue boletas con códigos de barras de seguimiento, y amenaza con retener fondos federales a los estados que no cumplan.
Expertos legales coinciden en que la orden viola la Constitución al invadir las facultades de los estados para administrar sus elecciones y las autoridades de Arizona reaccionaron con duras críticas y adelantaron que combatirán la disposición en los tribunales.
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La fiscal general Kris Mayes calificó la orden como un intento inconstitucional de controlar quién puede votar; “el presidente Trump puede firmar todas las órdenes ejecutivas que quiera. No cambiará la Constitución de Estados Unidos. Los estados dirigen sus elecciones, no el presidente”, declaró Mayes.
“Eso no es una opinión política. Es la base del derecho constitucional, y tribunales federales tras tribunales federales han dicho exactamente eso al anular los intentos anteriores de esta administración de apoderarse del control de las elecciones estadounidenses”, añadió la fiscal.
Mayes recordó que Arizona tiene un sistema de voto por correo desde hace más de tres décadas, construido por republicanos y aprobado por una Legislatura de mayoría republicana.
“Ese sistema ha sido utilizado de manera segura y confiable durante décadas. Incluso el propio Donald Trump votó por correo a principios de este mes”, agregó.
“El presidente no está tratando de mejorar la seguridad electoral, está tratando de controlar quién vota. Esa no es su decisión”, enfatizó la fiscal, cuya oficina ha demandado a la administración Trump más de tres docenas de veces.
“Es una medida repugnante”
El secretario de Estado de Arizona, Adrián Fontes, calificó la orden ejecutiva como “una repugnante extralimitación del gobierno federal” que demuestra “lo poco que la administración Trump entiende sobre la administración electoral”.
Fontes destacó que Arizona ya exige prueba documental de ciudadanía al momento de registrarse.
“Este movimiento no es más que un impulso para convertir en arma la información personal sensible de los votantes de este país, un esfuerzo que mi oficina continuará combatiendo sin descanso”, afirmó Fontes.
“Donald Trump está intentando seleccionar su lista deseada de votantes en cada estado con la ayuda de la Administración del Seguro Social”, agregó el secretario de Estado.
“La acción presidencial exigiría que el Servicio Postal solo envíe boletas de ausencia a aquellos en la lista aprobada de cada estado, trastocando nuestro sistema de voto por correo que actualmente sirve al 80% de los votantes de Arizona”, agregó.
La incongruencia del presidente quedó en evidencia cuando, apenas días antes de firmar la orden, Trump votó por correo en la elección especial del distrito 87 de Florida, donde reside su club Mar-a-Lago; junto a él, la primera dama Melania Trump y su hijo Barron también utilizaron boletas por correo.
Trump ha calificado repetidamente el voto por correo como “trampa” y su orden ejecutiva busca restringirlo severamente; la medida instruye al Departamento de Justicia a priorizar investigaciones y posibles procesamientos contra funcionarios estatales y locales que emitan boletas a personas no elegibles.
Marc Elias, reconocido litigante de derechos electorales, prometió impugnar la orden.
“Si Trump firma una orden ejecutiva inconstitucional para tomar el control del voto, demandaremos. No bromeo y por lo general gano”, escribió en redes sociales.
David Becker, experto en integridad electoral, calificó la medida como “claramente inconstitucional, será bloqueada de inmediato, y lo único que logrará es hacer más ricos a los abogados liberales”.
El abogado recordó que la Constitución otorga al Congreso —no al presidente mediante orden ejecutiva— la facultad de regular las elecciones federales.
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Fontes y Mayes confirmaron que sus oficinas ya están coordinando para enfrentar la orden en los tribunales: “No permitiremos que esta orden quede impune sin luchar y nos reuniremos con el gobierno federal en los tribunales para proteger el derecho al voto de cada arizonense”, advirtió Fontes.
Mayes concluyó: “utilizaremos todas las herramientas legales disponibles para defender las elecciones de Arizona, los votantes de Arizona y el derecho constitucional de Arizona a administrar sus propias elecciones”; la fiscal reiteró que los tribunales ya han rechazado intentos similares de la administración Trump en el pasado.
