El representante republicano Leo Biasiucci argumenta que gravar estos artículos eleva innecesariamente el costo de la supervivencia para las familias con menos recursos. CORTESIA: Freepik AI
Proponen eliminar impuestos sobre alimentos básicos para familias vulnerables
El representante estatal Leo Biasiucci presentó una ley bipartidista para prohibir que ciudades y pueblos graven alimentos comprados con asistencia federal, una medida que busca aliviar la presión sobre las familias trabajadoras en un contexto de creciente inseguridad alimentaria.
La propuesta HB 2839 eliminaría el impuesto local sobre productos básicos elegibles para los programas SNAP y WIC, reafirmando que “estos son alimentos necesarios, no lujos”, según declaró el legislador.
El proyecto aclara que los municipios no podrán aplicar el impuesto a la transacción comercial sobre estos productos esenciales, sin importar quién los compre; Biasiucci argumenta que gravar estos artículos eleva innecesariamente el costo de la supervivencia para las familias con menos recursos.
“Si la gobernadora habla en serio sobre bajar los impuestos, este proyecto debería ser un sí fácil”, afirmó el representante, desafiando a la gobernadora Hobbs a apoyar su iniciativa.
Esta propuesta legislativa surge mientras Arizona se recupera de la prolongada interrupción del gobierno federal, la cual retrasó por semanas los beneficios de SNAP para millones de personas.
Tras el cierre, el Departamento de Seguridad Económica del estado confirmó que la financiación de SNAP está asegurada hasta septiembre de 2026, aunque muchos beneficiarios aún sienten los efectos de la incertidumbre.
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La situación se ha visto agravada por cambios federales recientes en la elegibilidad; la Ley “One Big Beautiful Bill” eliminó el acceso a SNAP para refugiados, asilados y supervivientes de tráfico humano, afectando a miles en Phoenix.
La alcaldesa Kate Gallego calificó el impacto como una situación que requiere “todos los recursos disponibles”, mientras los bancos de alimentos reportan estantes vacíos y una demanda sin precedentes.
En el ámbito político, la propuesta de Biasiucci llega en un momento de intenso debate partidista sobre la política fiscal y la asistencia social en Arizona; la gobernadora Hobbs vetó recientemente un paquete de recortes tributarios republicano de 1,100 millones de dólares, calificándolo de “hiperpartidista” y fiscalmente irresponsable.
Paralelamente, otros legisladores han presentado proyectos para restringir el uso de los beneficios SNAP, como prohibir su uso en comida rápida, una medida que según defensores podría perjudicar a ancianos o personas sin hogar.
Los defensores de la asistencia alimentaria subrayan la importancia económica de estos programas; cada dólar de SNAP genera hasta 1,80 dólares en actividad económica, apoyando a minoristas, agricultores y negocios locales durante crisis.
Además, el acceso estable a alimentos mejora los resultados educativos y laborales, rompiendo ciclos de pobreza en comunidades de inmigrantes.
El futuro del HB 2839 es incierto en un ambiente legislativo polarizado, donde las propuestas sobre impuestos y beneficios sociales suelen enfrentar obstáculos partidistas; su destino podría depender de la capacidad de los legisladores para priorizar el alivio inmediato a las familias sobre la política de facciones.
Mientras tanto, miles de arizonenses continúan dependiendo de una red de seguridad alimentaria que ha sido probada por interrupciones gubernamentales y cambios restrictivos en la elegibilidad.
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