Organizaciones sociales de Arizona se suman a la causa por los más necesitados
Con una manifestación frente al la Casa del Senado de Arizona y en la acera del Departamento de Seguridad Económica de Arizona, LUCHA inició una fuerte batalla social contra la suspensión del apoyo alimenticio de casi un millón de Arizonenses. FOTOS: Oscar Ramos / Prensa Arizona
Familias arizonenses enfrentan una crisis alimentaria sin precedentes mientras el cierre gubernamental federal amenaza con interrumpir los beneficios de asistencia nutricional para casi un millón residentes del estado; una situación que ha desatado una ola de protestas coordinadas por organizaciones comunitarias que exigen acción inmediata.
Viviendo Unidos por el Cambio en Arizona (LUCHA, por sus siglas en inglés) y el Centro de Empoderamiento de Arizona (ACE) han intensificado su movilización con múltiples eventos, incluyendo una concentración masiva frente al Departamento de Seguridad Económica y tambiénuna conferencia de prensa en colaboración con Lutheran Social Services; todos bajo la consigna unificada de “Alimento en Cada Mesa” que resuena en un estado donde aproximadamente un millón de personas dependen de programas federales de nutrición.
La directora ejecutiva de LUCHA, Alejandra Gómez, no duda en señalar responsables directos de esta crisis humanitaria:
“Las familias de Arizona están pagando el precio de este cierre”, declaró durante los eventos de protesta, añadiendo que “los republicanos están amenazando con quitarles su alimento, su dignidad y su futuro para que los multimillonarios sigan enriqueciéndose”.
Sus críticas se enfocan particularmente en los congresistas Juan Ciscomani y David Schweikert, a quienes acusa de rechazar negociaciones mientras las familias trabajadoras enfrentan hambre y también dirige reclamos hacia los líderes de la legislatura estatal Steve Montenegro y Warren Petersen, por su apoyo táctico a las estrategias que mantienen el gobierno federal cerrado.
La gravedad de la situación se manifestó en los testimonios de beneficiarios de SNAP para quienes los posibles recortes tienen un significado profundamente personal.
“Crecí viendo a mi madre trabajar en dos empleos mientras dependíamos de cupones de comida”, relató uno de los oradores destacando cómo programas como SNAP y Medicaid “evitan que familias como la mía caigan por las grietas” del sistema.
La organización social LUCHA, no duda en señalar quienes considera responsables directos de esta crisis humanitaria.
Su testimonio refleja la realidad de miles de hogares que pronto podrían verse forzados a elegir entre comprar alimentos o pagar el alquiler, una disyuntiva particularmente cruel en un estado donde los desiertos alimentarios y los precios crecientes de la comida ya representan desafíos significativos.
Las consecuencias del cierre se extienden más allá de los hogares individuales, afectando a las escuelas rurales y bancos de alimentos que se preparan para una demanda masiva.
Mientras hospitales en zonas remotas, que ya operan con márgenes financieros mínimos, enfrentan efectos secundarios a medida que el hambre y la inestabilidad incrementan las necesidades de atención médica.
La distribución de alimentos en la escuela primaria Solano el pasado fin de semana demostró la urgencia de la situación, con familias acudiendo a solicitar ayuda; una escena que se repite en múltiples puntos del Valle del Sol donde las redes comunitarias intentan suplir temporalmente lo que deberían ser programas federales funcionando.
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El programa SNAP se financia mediante asignaciones anuales del Congreso, y el actual lapso impulsado por la negativa republicana a negociar significa que los fondos se agotarán sin acción legislativa inmediata.
Esta situación se ve agravada por la llamada “Ley Grande y Fea” de julio, que recortó cientos de miles de millones de programas críticos según reportes de Axios.
Mientras las organizaciones comunitarias organizan campañas de recolección de alimentos, los líderes republicanos continúan priorizando agendas que benefician a los más ricos según los manifestantes, creando una división que Gómez describe como “bancarrota moral” en un estado donde la economía local también sufriría, considerando que cada dólar de SNAP genera entre 1.5 y 1.8 dólares de actividad económica.
La resistencia comunitaria se ha organizado metódicamente, comenzando con la concentración del 30 de octubre que marcó el inicio de una campaña sostenida de recolección de alimentos; seguida por la conferencia de prensa del 4 de noviembre en las instalaciones de Lutheran Social Services en Mesa, donde Connie Phillips se unió a Gómez para exigir soluciones permanentes.
Estas acciones simultáneas buscan no solo aliviar inmediatamente el hambre, sino también ejercer presión política constante sobre los representantes republicanos, en un esfuerzo por demostrar que la seguridad alimentaria no debería ser moneda de cambio en negociaciones partidistas que parecen ignorar el costo humano real de sus decisiones.
Lo que comenzó como una disputa presupuestaria en Washington se ha transformado en una lucha existencial para cientos de miles de arizonenses, cuyas mesas vacías se han convertido en el verdadero termómetro para medir el costo de una guerra política que parece distante e abstracta para quienes la libran, pero terriblemente concreta para quienes dependen de programas que ahora consideran su sustento diario.
