“Los trabajadores no deben ser castigados por ejercer sus derechos constitucionales”, afirmó la fiscal general Kris Mayes en un comunicado. CORTESIA: Arizona Attorney General’s Office
Fiscales desafían orden ejecutiva que limita derechos de empleados federales
La Fiscal General de Arizona, Kris Mayes, se ha unido a una coalición multitudinaria de 23 fiscales generales para presentar un escrito amicus curiae en apoyo a la demanda de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE), que desafía una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que excluye a la mayoría de los empleados federales de la negociación colectiva.
La medida, emitida el 27 de marzo de 2025 bajo el argumento de “preocupaciones de seguridad nacional”, afecta derechos laborales fundamentales y la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda .
El escrito, liderado por el Fiscal General de Minnesota, Keith Ellison, fue presentado ante el Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, donde la administración Trump apeló una medida cautelar que bloqueaba temporalmente la orden ejecutiva.
La coalición argumenta que la orden constituye un acto de represalia contra sindicatos considerados “hostiles” a la agenda presidencial, violando así derechos constitucionales .
“Los trabajadores no deben ser castigados por ejercer sus derechos constitucionales”, afirmó Mayes en un comunicado. “Silenciar a los trabajadores y eliminar su capacidad de negociación colectiva es inconstitucional y antiestadounidense” .
La orden ejecutiva Exclusions from Federal Labor-Management Relations Programs busca restringir la negociación colectiva para empleados federales en áreas como seguridad nacional, inteligencia y aplicación de ley.
Sin embargo, un “documento informativo” de la Casa Blanca admitió que los sindicatos objetivo eran aquellos que el presidente considera opuestos a su agenda . Tras una demanda de AFGE, el Tribunal del Distrito Norte de California emitió en agosto una medida cautelar preliminar, bloqueando la implementación de la orden .
La administración Trump apeló la decisión y solicitó al Noveno Circuito levantar la medida cautelar durante el proceso judicial. Un panel de jueces accedió temporalmente a pausar la injunción, pero otro juez pidió que la corte en banc (plena) revise la procedencia de esta pausa. Los debates sobre este tema continuarán en las próximas semanas.
El escrito amicus sostiene que la exclusión de empleados federales de la negociación colectiva es, en realidad, un intento de castigar a sindicatos por ejercer su libertad de expresión.
La coalición enfatiza que los tribunales deben evaluar el contexto completo de actos discriminatorios, ya que “los malos actores rara vez admiten abiertamente que discriminan o violan derechos civiles” .
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Si los tribunales aceptan pretextos débiles para justificar discriminación sin considerar declaraciones y contextos circundantes, se erosionaría la aplicación efectiva de leyes antidiscriminatorias .
El escrito advierte que no se puede permitir que los infractores evadan responsabilidad apelando a justificaciones hipotéticas después de los hechos y los tribunales deben basarse en las razones reales que existieron para cualquier acción tomada y determinar si esas razones violan la Constitución .
El caso ocurre en un contexto de tensiones crecientes entre la administración federal y sindicatos públicos, en julio de 2025, una orden similar afectó a empleados del Departamento de Seguridad Nacional, generando protestas en múltiples estados.
Expertos legales como Catherine Fisk, de la Universidad de California-Berkeley, advierten que si la orden se implementa, “debilitaría no solo la negociación colectiva, sino también la capacidad de los trabajadores para denunciar prácticas irregulares en agencias federales”.
