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Víctimas de Epstein están en manos de Trump: deberá firmar ley

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Tras aprobación en el Congreso, solo falta la firma presidencial para liberar polémicos archivos de Jeffrey Epstein. Foto: Cortesía / Sen Mark Kelly

La inminente liberación de los archivos no clasificados del caso contra Jeffrey Epstein avanzó decisivamente hacia el despacho del presidente Donald Trump, luego de que la Cámara de Representantes y el Senado aprobaran un proyecto que obliga al Departamento de Justicia a divulgar materiales vinculados a la investigación federal, lo que generó expectativas, tensiones políticas y sospechas sobre posibles maniobras de obstrucción o “sanitización” mientras se intensifican nuevas pesquisas ordenadas por la Casa Blanca. 

La presión ejercida desde Arizona fue determinante, ya que figuras como la congresista Adelita Grijalva y los senadores Mark Kelly y Rubén Gallego empujaron con fuerza para asegurar que toda la delegación del estado en el Congreso apoyara la liberación total de los archivos, un hecho que subrayó el creciente peso político de Arizona en temas de transparencia y justicia.

El Senado no recibió el proyecto a tiempo para su votación nocturna, aunque no hubo objeción republicana a la petición de consentimiento unánime presentada por el líder demócrata Chuck Schumer, lo que permite prever que la iniciativa será aprobada sin modificaciones; un alto funcionario confirmó que Trump la firmará en cuanto llegue a la Casa Blanca. 

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La votación fue observada desde la galería por sobrevivientes y familiares, entre ellos Sky Roberts, hermano de la fallecida Virginia Giuffre, quien demandó a Ghislaine Maxwell y al británico Andrew Windsor; Haley Robson, una de las mujeres que ha relatado los abusos sufridos, celebró el resultado, aunque advirtió que “esto es solo el comienzo”, subrayando la magnitud de las tareas pendientes.

Schumer afirmó que el avance legislativo “no habría sido posible sin el valor y la defensa pública de las sobrevivientes”, señalando que su testimonio permitió iluminar un caso que involucró a más de mil víctimas.

En contraste, voces republicanas como la del líder de la mayoría en el Senado, John Thune, anticiparon un trámite rápido, mientras crece la presión para que no haya retrasos adicionales. 

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La legislación exige divulgar todos los archivos, comunicaciones y materiales relacionados con Epstein o Maxwell, incluyendo registros de su detención y muerte, bitácoras de vuelo, nombres de personas vinculadas con los crímenes, acuerdos civiles y comunicaciones internas del Departamento de Justicia, mientras prohíbe retener información por motivos de “vergüenza, daño reputacional o sensibilidad política”.

A pesar del amplio respaldo bipartidista, la Casa Blanca había intentado frenar la liberación de los archivos; Trump y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, se opusieron inicialmente, pero el proyecto llegó al pleno gracias a una petición de descarga liderada por Thomas Massie y Ro Khanna, que reunió las firmas necesarias para evadir a la dirigencia. 

Johnson señaló que el mecanismo “impide un proceso deliberado y profesional”, aunque terminó respaldando la medida al afirmar que nadie quería quedar registrado como opositor a la transparencia. 

Los e-mails

Esta maniobra se produjo menos de una semana después de que el Comité de Supervisión divulgara veinte mil páginas de correos electrónicos procedentes de la herencia de Epstein, donde su nombre aparecía mencionado repetidamente; en uno de esos intercambios, Epstein aseguró a Maxwell que Trump “sabía sobre las chicas”.

Trump negó reiteradamente cualquier vínculo con los delitos, afirmando que expulsó a Epstein de Mar-a-Lago por “pochar jovencitas”, y durante un encuentro con el príncipe heredero saudí volvió a sostener que “no tenía nada que ver con Jeffrey Epstein”, calificando los archivos como un “engaño demócrata”. 

A su vez, los documentos divulgados revelaron comunicaciones de Epstein con figuras políticas, académicas, periodistas y líderes espirituales, incluyendo mensajes con Stacey Plaskett, delegada de las Islas Vírgenes, quien explicó en el pleno que donó las contribuciones de Epstein a organizaciones de mujeres cuando conoció la magnitud del caso.

Mientras tanto, mujeres que denunciaron abusos se concentraron frente al Capitolio junto a Massie, Khanna y la republicana Marjorie Taylor Greene, quien vivió un duro quiebre político con Trump, después de que el presidente la atacara en redes sociales y la llamara “traidora”, pese a haber sido una de sus aliadas más fervientes. 

Robson agradeció el apoyo de Greene, aunque expresó dudas sobre la nueva postura de Trump, señalando que “no puede evitar ser escéptica sobre cuál es la agenda”. 

Greene aseguró que la negativa del gobierno a liberar los archivos “ha dividido al movimiento MAGA”, advirtiendo que “el pueblo no tolerará nada distinto a la acción”.

La entrada de Adelita Grijalva, quien se convirtió en la firma número 218 del mecanismo de descarga, fue decisiva para superar la resistencia de Johnson, quien incluso demoró su juramentación por siete semanas durante el cierre gubernamental; Grijalva enfatizó que el impulso no provino de políticos, sino de las sobrevivientes y la ciudadanía que exigió respuestas. 

A su lado, el senador Mark Kelly urgió a que el Senado no retrase la votación, afirmando que “debe programarse para que se convierta en ley sin mayor demora”, mientras el senador Rubén Gallego, aunque no estuvo en ese evento, ha insistido públicamente en la necesidad de que Arizona sea una voz firme contra la opacidad en casos de abuso y tráfico sexual.

Denuncia “sanitización”

A estas tensiones internas se suman nuevas controversias externas; Mark Epstein, hermano del fallecido financiero, denunció que podría estar produciéndose una “sanitización” de los archivos antes de su divulgación, insinuando que ciertos actores buscan limpiar información relevante sobre actores republicanos antes de que la opinión pública pueda examinarla. 

Paralelamente, crecieron sospechas de que las investigaciones adicionales ordenadas por Trump, dirigidas principalmente contra figuras demócratas como el expresidente Bill Clinton, puedan servir para justificar retrasos adicionales o alterar la narrativa previa a la liberación completa de los documentos.

El clima se volvió más complejo después de que el FBI emitiera un memorando indicando que no divulgaría más información sobre el caso, lo que contradijo las promesas de transparencia realizadas por Trump durante su campaña.

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Este giro provocó una fuerte reacción entre sus propios simpatizantes, quienes consideran que el manejo del tema ha sido inconsistente y a ello se suma la demanda interpuesta por Trump contra un medio nacional por difundir una tarjeta de cumpleaños presuntamente firmada por él y enviada a Epstein, un episodio que alimentó más interrogantes sobre la cercanía histórica entre ambos.

A medida que la legislación avanza y las presiones aumentan, el rol de Arizona se ha vuelto central, ya que su delegación completa apoyó sin reservas la liberación de los archivos, impulsada por Grijalva, Kelly y Gallego, quienes remarcaron que la justicia para las víctimas no puede estar subordinada a cálculos políticos; su insistencia contribuyó a que el Congreso diera un paso decisivo en un caso que sigue revelando nuevas capas de implicaciones políticas, sociales y legales.

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