Estos estafadores pretendían ofrecer un salvavidas a propietarios en crisis, pero en realidad estaban robando sus hogares, dijo la fiscal. Foto: Cortesía / Freepik
La Fiscal General de Arizona, Kris Mayes, anunció una demanda civil contra Edward Trenton Albarracin (también conocido como Trenton Edwards) y Gretchen Marie Zamjahn (alias Gretchen Edwards), junto con más de 50 entidades bajo su control, por supuestamente operar un esquema predatorio de bienes raíces que despojó a propietarios vulnerables de sus viviendas.
Los acusados, que actuaban bajo nombres engañosos como “Hands with Hope”, se promocionaban como profesionales capaces de “rescatar” a dueños de casa de la ejecución hipotecaria, pero en realidad los engañaban para que firmaran la escritura de sus hogares.
“Estos estafadores pretendían ofrecer un salvavidas a propietarios en crisis, pero en realidad estaban robando sus hogares”, declaró la Fiscal General Mayes. “Este esquema apuntó específicamente a ancianos de Arizona que ya estaban en situaciones vulnerables, utilizando mentiras, empresas pantalla e incluso notarizaciones ilegales para lograrlo”.
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El caso, registrado alega violaciones a la Ley de Fraude al Consumidor de Arizona y a la Ley de Protección de Adultos Vulnerables.
Según la demanda, los acusados contactaban a propietarios enfrentando ejecuciones hipotecarias, ofreciendo ayudarles a ponerse al día con sus pagos para permitirles permanecer en sus viviendas.
Las víctimas eran convencidas de transferir “temporalmente” la escritura a un fideicomiso, que en realidad era transferida a empresas pantalla de nombres engañosos como “Lupo Family Trust, LLC”, controladas por Albarracin.
Zamjahn, esposa de Albarracin, notarizó ilegalmente estas transacciones a pesar de tener un interés financiero directo en ellas, y además presionó a víctimas para presentar bancarrotas o casos de sucesiones falsos para prolongar la estafa.
Debido a la extensión del fraude y preocupaciones sobre la situación financiera de los acusados, la Fiscal General solicitó una recepción de emergencia sobre todos los activos de Albarracin y Zamjahn.
El 20 de agosto, el juez Scott Minder aprobó la solicitud y designó a Peter Davis como receptor para asegurar los bienes raíces, vehículos y cuentas bancarias de los acusados.
Evidencia presentada en corte también indicó que Albarracin, quien recientemente sufrió una serie de derrames cerebrales tras un diagnóstico de cáncer, podría ahora ser vulnerable a explotación financiera por terceros, lo que reforzó la necesidad de la recepción.
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La Fiscal General Mayes busca restitución para las víctimas, penalizaciones civiles contra los operadores inmobiliarios y una orden judicial permanente que prohíba a Albarracin y Zamjahn comprar o vender bienes raíces en Arizona en el futuro.
Además, urgió a residentes de Arizona a contactar a su oficina si creen haber sido abordados por extraños ofreciendo comprar sus viviendas o presionados a ceder sus escrituras.
El caso es manejado por el Abogado Senior de Litigios Shane Ham y las Asistentes de la Fiscal General Liza Lawson y Suzanne Pendergast de la Sección de Protección al Consumidor y Defensa.
