Con casi un millón de afectados, la Fiscal llama a legislatura para usar fondos especiales. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
Además de interponer la demanda número 29 en contra de la administración Trump, la fiscal general de Arizona, Kris Mayes recomendó a la gobernadora Katie Hobbs que convoque a sesión legislativa extraordinaria para la aprobación de fondos de emergencia que permitan costear al menos el mes de noviembre ante la pausa del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).
La medida del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) pone en riesgo de pasar hambre a cerca de un millón de arizonenses y la demanda, avalada por una coalición de 21 fiscales generales y tres gobernadores.
Mayes argumenta que esta acción es ilegal e innecesaria, ya que el USDA cuenta con un fondo de contingencia de al menos 6,000 millones de dólares, aprobado por el Congreso precisamente para emergencias como un cierre de gobierno.
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Se trata de un fondo que administraciones anteriores, incluida la primera de Trump, utilizaron para mantener el flujo de beneficios durante paralizaciones administrativas.
Frente a esta crisis inminente y mientras se resuelve el litigio federal, Mayes ha propuesto una sesión especial de la legislatura estatal para autorizar el uso del “fondo para días de lluvia” de Arizona, que asciende a 1,600 millones de dólares, cubrir la ayuda alimentaria durante este mes crítico y evitar que las familias se queden sin comida.
Además, Mayes ha propuesto el posible despliegue de la Guardia Nacional para apoyar a los bancos de alimentos en la distribución de víveres, anticipando una avalancha de demanda que estas instituciones no podrían absorber por sí solas.
El impacto de la suspensión de SNAP es monumental, ya que afecta a casi un millón de familias, lo que representa el 12% de la población de Arizona, incluyendo a 30,000 veteranos y donde el 40% de los fondos están destinados a alimentar niños.
Cada hogar afectado perdería en promedio 360 dólares para comprar alimentos, un golpe devastador para economías familiares que no tienen margen para absorber esta pérdida.
La crisis se extiende también a la economía local, pues más de 4,600 comercios minoristas en el estado aceptan pagos con tarjetas EBT, ya que cada dólar de SNAP genera un efecto multiplicador en la actividad económica de tiendas de abarrotes y otros establecimientos.
Mayes atribuye la responsabilidad política de esta situación al Partido Republicano, señalando que “ellos controlan la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca”.
La fiscal general sostiene que la administración Trump está utilizando el acceso a los alimentos “como moneda de cambio” en una disputa política más amplia, una estrategia que califica de “cruel e innecesaria” .
Con el período de inscripción para el Acta de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA u Obamacare) en marcha y las primas de seguros médicos en riesgo de dispararse, Arizona enfrenta una crisis que amenaza tanto la salud como la seguridad alimentaria de sus residentes más vulnerables.
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Mientras la fiscal general Mayes libra esta batalla legal, la atención inmediata se centra en si la gobernadora Hobbs y la legislatura estatal actuarán a tiempo para evitar que miles de familias pasen hambre en noviembre, utilizando las herramientas estatales disponibles como el fondo de emergencia y la Guardia Nacional.
