Fiscal Kris Mayes acusa a la EPA de anteponer ganancias a la salud de arizonenses. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
La fiscal general Kris Mayes calificó de “ilegal, imprudente y abiertamente opuesta a décadas de derecho y ciencia consolidados” la decisión de la EPA de revocar la declaración de peligro de 2009; el dictamen, que reconocía los gases de efecto invernadero como una amenaza para la salud pública, queda sepultado por una administración que, según Mayes, “antepone las ganancias de la industria a la salud de los arizonenses”.
La declaración de peligro nació del fallo histórico de la Corte Suprema en Massachusetts contra EPA, que confirmó la autoridad de la agencia para regular emisiones contaminantes bajo la Ley de Aire Limpio.
Tras dos años de revisión científica, la EPA determinó que el dióxido de carbono y otros gases contribuyen al calentamiento global y ponen en riesgo el bienestar colectivo.
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La rescisión anunciada esta semana, advirtió Mayes, “resucita un argumento que el máximo tribunal ya rechazó e ignora la abrumadora evidencia científica”.
La fiscal general ya había testificado en agosto de 2025 ante la propia EPA, cuando la administración Trump insinuó por primera vez su intención de derogar el hallazgo.
En esa comparecencia, Mayes señaló la dependencia de “fuentes no científicas y sesgadas para negar el cambio climático” y denunció el silencio oficial ante los impactos ambientales que ya erosionan la vida cotidiana en el desierto sonorense.
La regla final elimina todos los estándares federales de emisiones para vehículos —vigentes y futuros— y despoja a la agencia de su herramienta medular para limitar la contaminación de centrales eléctricas y operaciones de petróleo y gas.
La administración Trump justifica el retroceso con ahorros proyectados de 1,3 billones de dólares para la industria y el presidente declaró que la medida rescata a los fabricantes de automóviles de una “política desastrosa de la era Obama” que encarecía los vehículos.
Mayes, no obstante, sostiene que el costo real lo pagarán las familias; las protecciones que la EPA elimina podrían prevenir 30,000 muertes anuales y ahorrar 275.000 millones de dólares en gastos médicos y combustibles.
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Las comunidades latinas, que triplican la probabilidad de residir en zonas con aire contaminado, serán las más expuestas a esta decisión.
Ambientalistas y fiscales demócratas de más de veinte estados han anunciado demandas; Earthjustice promete llevar el caso de vuelta a la Corte Suprema, aunque el tribunal actual, de mayoría conservadora, dista mucho del que en 2007 ordenó a la EPA actuar contra el carbono.
Mayes ya co-lidera litigios paralelos contra la cancelación de fondos solares y, según su oficina, no dudará en sumar esta batalla. La declaración de peligro yace, por ahora, en el ataúd de las burocracias; la ciencia que la sostuvo, sin embargo, aún respira en los tribunales.
