La orden prohíbe despidos sin seguir procedimientos legales y obliga a recontratar a empleados afectados mientras se resuelve el litigio.
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, logró una victoria judicial clave al obtener una orden preliminar que frena los despidos masivos de empleados federales en período de prueba por parte de la administración Trump. La medida, respaldada por 20 fiscales generales demócratas, protege a miles de trabajadores en 20 agencias federales y ordena la reinstalación de quienes fueron cesados ilegalmente. Este fallo marca un hito en la resistencia legal contra lo que Mayes califica como “acciones inconstitucionales” del gobierno federal.
El 14 de marzo, un juez federal emitió una orden de restricción temporal (TRO, por sus siglas en inglés) contra 18 agencias, ampliada el 1 de abril para incluir a dos más, como el Departamento de Agricultura y la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
La orden prohíbe despidos sin seguir procedimientos legales y obliga a recontratar a empleados afectados mientras se resuelve el litigio y entre las agencias implicadas están Defensa, Energía y Asuntos de Veteranos, cuyos recortes han impactado servicios críticos como la gestión de incendios forestales y el mantenimiento de parques nacionales 8.
En Arizona, los despidos afectaron a bomberos especializados en incendios forestales (“hotshots”) y al personal del Servicio de Parques Nacionales, esencial durante la temporada de incendios. Además, el cierre de la oficina de la Administración de Servicios Generales (GSA) en Phoenix paralizó el apoyo logístico a tribunales federales, retrasando casos judiciales.
Según Mayes, estas acciones “dañan comunidades y economías locales”, especialmente en zonas rurales donde el empleo federal representa el 12% de la fuerza laboral 3.
Esta no es la primera vez que Mayes desafía a Trump, pues ha participado en demandas contra recortes a fondos de salud pública, la eliminación de la ciudadanía por nacimiento y las políticas del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) dirigido por Elon Musk.
En febrero, obtuvo otra victoria preliminar contra la congelación de $11,000 millones en subsidios federales, cruciales para programas como WIC y asistencia a veteranos sin hogar 3.
Los despidos masivos —30,000 empleados en período de prueba y 75,000 renuncias incentivadas— forman parte del plan de Trump para reducir la burocracia, prometiendo ahorrar $105,000 millones.
Sin embargo, críticos como Mayes argumentan que se prioriza la eficiencia sobre el bienestar social. “Esto no es reforma, es caos calculado”, declaró la fiscal, quien además ofreció empleo en su oficina a fiscales federales despedidos por investigar el asalto al Capitolio del 6 de enero.
Aunque la orden judicial es temporal, sienta un precedente para futuras batallas. Mayes y sus aliados preparan argumentos basados en la separación de poderes, alegando que cambios de esta magnitud requieren aprobación del Congreso. Mientras, la administración Trump apelará el fallo, llevando el caso potencialmente a la Corte Suprema.
En un clima político polarizado, esta victoria de Mayes no solo protege empleos, sino que refuerza el rol de los estados como contrapeso a un ejecutivo federal cada vez más audaz.
Como ella misma advirtió: “Arizona no permitirá que se pisoteen los derechos constitucionales en nombre de la eficiencia”.
