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Hobbs veta tres leyes y presiona a republicanos por el presupuesto

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La gobernadora firmó la SB1479, una ley que fortalece las reglas notariales y crea nuevos sistemas de notificación para combatir el fraude de títulos de propiedad en Arizona. CORTESIA: Governor Katie Hobbs / Facebook

La gobernadora Katie Hobbs cumplió su amenaza de vetar todos los proyectos de ley que lleguen a su escritorio hasta que los republicanos de la Legislatura presenten públicamente su propuesta presupuestaria.

Los primeros tres proyectos en ser rechazados fueron iniciativas educativas que habrían permitido pruebas escritas en lugar de computadoras, eliminado la salud mental de los planes de estudio escolares y modificado la información sobre bonos escolares en los paquetes electorales.

“La mayoría legislativa necesita presentar su propuesta presupuestaria y luego unirse a mí en la mesa de negociaciones para que podamos aprobar un presupuesto bipartidista y equilibrado como lo hemos hecho los últimos tres años”, declaró Hobbs en sus cartas de veto.

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“Pero hasta que la mayoría legislativa nos muestre sus planes para un presupuesto equilibrado que funcione para los arizonenses de clase media, sus proyectos de ley estarán muertos al llegar”, agregó.

La moratoria, que comenzó el lunes y exceptúa dos proyectos de seguridad pública (SB 1503 para beneficios por muerte de primeros respondedores y una asignación de 4.8 millones de dólares para el Departamento de Seguridad Pública), es el último capítulo de una disputa que se remonta al 16 de enero

Ese día, Hobbs presentó su propuesta ejecutiva de 17,800 millones de dólares, que incluía recortes de impuestos para la clase media y una extensión de la Proposición 123 para inyectar 1,500 millones a las escuelas públicas.

El punto de quiebre llegó el 19 de marzo, cuando los negociadores republicanos notificaron a la oficina de la gobernadora que la renovación de la Proposición 123 quedaba fuera de la mesa para la sesión.

Al día siguiente, Hobbs suspendió las negociaciones y exigió a los republicanos hacer público su plan presupuestario, una solicitud que hasta ahora no ha sido atendida a pesar de las promesas reiteradas de los líderes legislativos.

Los líderes republicanos calificaron la moratoria de veto como “teatro político” y una “pataleta”; el presidente del Senado, Warren Petersen, afirmó que “la amenaza de veto generalizada de la gobernadora es un enfoque poco serio para gobernar y pone la política por delante del progreso”.

El presidente de la Cámara, Steve Montenegro, declaró que “la gobernadora Hobbs abandonó las conversaciones presupuestarias hace más de tres semanas cuando quedó claro que sus números no cuadraban, y ahora intenta distraer de ese fracaso con una congelación de firmas de proyectos de ley”.

En el centro del conflicto está la Proposición 123, aprobada por los votantes en 2016; la medida permitió durante una década retirar anualmente el 6.9% del Fondo Fiduciario de Tierras del Estado para financiar las escuelas K-12, pero expiró el año pasado, y el estado ha estado utilizando 300 millones de dólares del Fondo General para llenar el vacío.

Hobbs ha propuesto extender la Prop 123 y aumentar la tasa de distribución al 10.9%; los republicanos califican la idea como una “incautación a largo plazo” que “dejaría el fideicomiso en bancarrota” y “robaría la financiación educativa futura de nuestros hijos”, mientras la gobernadora insiste en que es una “oportunidad única en una década” para invertir en las escuelas sin aumentar los impuestos.

La situación se complica por la cercanía del 30 de junio, fecha límite para aprobar un presupuesto antes del cierre del gobierno estatal.

En un año electoral en el que Hobbs busca la reelección y los republicanos intentan mantener el control de la Legislatura, la disputa presupuestaria se ha convertido en el campo de batalla central de la política de Arizona.

Al cierre de esta edición, la gobernadora firmó la SB1479, una ley que fortalece las reglas notariales y crea nuevos sistemas de notificación para combatir el fraude de títulos de propiedad en Arizona.

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“Proteger su hogar es una prioridad máxima. Estoy orgullosa de firmar la SB1479, un paso importante en la lucha contra el fraude de títulos de propiedad en Arizona”, declaró Hobbs, en un gesto que demuestra que, a pesar de la moratoria, la seguridad de los arizonenses sigue siendo una prioridad. 

La pregunta que queda en el aire es si los votantes, que observan cómo sus representantes no logran ponerse de acuerdo sobre cómo gastar sus impuestos, serán los únicos que paguen la factura de esta guerra de poder.

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