La gobernadora de Arizona colabora con el gobierno federal con el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera, sin embargo ha vetado propuestas antiinmigrantes que considera dañinas. CORTESIA: National Guard / Facebook
La gobernadora, Katie Hobbs, vetó esta semana un polémico proyecto de ley republicano que obligaría a todas las entidades gubernamentales del estado a colaborar con las deportaciones masivas impulsadas por el presidente Donald Trump. La medida, conocida como SB1088, formaba parte de una serie de 35 vetos anunciados, sumándose a los 124 rechazados en lo que va del año, una cifra que supera los registros anteriores.
En su carta de veto, Hobbs argumentó que la propuesta priorizaba “actuaciones políticas” sobre soluciones reales para Arizona.
“Los arizonenses, no los políticos de Washington, deben decidir lo que es mejor para el estado”, subrayó, reiterando su compromiso con la Constitución y la autonomía.
La gobernadora demócrata también destacó su colaboración con el gobierno federal en temas como el combate al tráfico de fentanilo y la seguridad fronteriza, aunque rechazó convertir a las instituciones estatales en “extensiones” de las agencias migratorias de Trump.
El SB1088 habría exigido a todos los niveles de gobierno, desde el estatal hasta municipal y a sus contratistas cooperar con el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Además, permitía a cualquier legislador solicitar investigaciones contra entidades que incumplieran la norma y otorgaba a los ciudadanos el derecho de demandar judicialmente para exigir su aplicación. Sin embargo, la ley estaba diseñada para autoderogarse en 2028, semanas antes del cambio presidencial, lo que Hobbs calificó de “medida electorera”.
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La respuesta republicana no se hizo esperar. El senador Jake Hoffman, promotor del proyecto, acusó a Hobbs de promover “fronteras abiertas” y de anteponer una “ideología radical” a la seguridad pública.
“No hay justificación lógica para este veto”, declaró, reflejando la tensión partidista que domina el debate migratorio en Arizona, un estado clave en la frontera sur de Estados Unidos.
