La administración del presidente Donald Trump exige a los estados que “deshagan” los beneficios completos de SNAP pagados la semana pasada. CORTESIA: Freepik
Batalla legal sobre el programa de asistencia alimentaria afecta a millones; los estados se enfrentan a una orden federal de deshacer pagos ya realizados
La administración del presidente Donald Trump exige a los estados que “deshagan” los beneficios completos de SNAP pagados la semana pasada. Esta demanda se produce después de que la Corte Suprema suspendiera fallos judiciales anteriores que ordenaban dichos pagos. El programa SNAP es utilizado por 42 millones de estadounidenses.
Más de dos docenas de estados alertaron sobre “disrupciones operativas catastróficas” si el gobierno federal no les reembolsa. Los beneficios fueron autorizados por los estados antes de la suspensión dictada por el máximo tribunal; ahora, el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) se niega a reconocerlos.
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Organizaciones sin fines de lucro y fiscales generales demócratas demandaron para mantener el programa en noviembre; obtuvieron fallos favorables la semana pasada. Esto permitió la liberación rápida de beneficios en varios estados; sin embargo, la administración Trump apeló y consiguió una suspensión del tribunal superior.
Wisconsin, por ejemplo, cargó beneficios para 700,000 residentes; luego, el Tesoro de EE. UU. congeló los reembolsos al estado. La administración del gobernador Tony Evers advirtió que se quedaría sin dinero para el lunes; esto podría dejar a los proveedores sin pago y desencadenar reclamos legales.
En una situación similar se encuentra el estado de Arizona, que igualmente ya realizó los pagos por el mes de noviembre previo a la determinación de la Corte Suprema de los Estados Unidos y la posterior orden federal.
Comunicación oficial del USDA
El Departamento de Agricultura informó el sábado que considerará “no autorizados” los pagos realizados. Patrick Penn, subsecretario adjunto de Agricultura, escribió a los directores estatales de SNAP; “En consecuencia, los estados deben deshacer inmediatamente los pasos tomados para emitir los beneficios completos”.
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El gobernador Evers respondió de manera rápida y contundente a la demanda federal; “No”, declaró en un comunicado. Evers afirmó que Wisconsin actuó bajo una orden judicial activa y de manera legal; asegurando alimento a 700,000 habitantes, incluidos 270,000 niños.
Los estados advirtieron que podrían enfrentar demandas para devolver “cientos de millones de dólares”. La situación “riesga disrupciones operativas catastróficas para los Estados”, concluye el escrito presentado ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito. El conflicto legal continúa, mientras millones dependen de esta asistencia alimentaria.
