Es la primera vez que la administración Donald Trump eleva uno de sus numerosos desafíos legales al máximo tribunal del país. Foto: Cortesía / Special Counsel of the United States
El presidente Donald Trump ha solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos que respalde su decisión de destituir a Hampton Dellinger, jefe de la Oficina del Asesor Especial (OSC, por sus siglas en inglés), una agencia federal independiente encargada de proteger a los denunciantes del gobierno.
Es la primera vez que la administración Trump eleva uno de sus numerosos desafíos legales al máximo tribunal del país. La administración enfrenta múltiples demandas mientras desmantela agencias federales y reduce el número de empleados públicos.
El caso en cuestión se centra en el desafío legal de Dellinger, quien fue nombrado por el presidente Joe Biden y confirmado por el Senado en una votación partidista el 27 de febrero de 2024, para un mandato de cinco años como asesor especial. La OSC tiene la autoridad para hacer cumplir cuatro leyes principales, incluyendo la Ley de Protección de Denunciantes y la Ley Hatch.
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La oficina proporciona un proceso seguro para que los empleados gubernamentales reporten irregularidades y supervisa las prohibiciones sobre actividades políticas partidistas por parte de empleados federales.
Menos de un año después de su nombramiento, Trump ordenó la destitución de Dellinger y en respuesta, éste impugnó su despido en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos y obtuvo una medida temporal que, por ahora, protege su empleo. Un tribunal de apelaciones desestimó el intento de la administración Trump de anular la orden de restricción temporal y ahora, busca que la Corte Suprema intervenga y permita el despido de Dellinger.
En la solicitud de emergencia presentada ante el máximo tribunal, la procuradora general interina del Departamento de Justicia, Sarah Harris, argumentó que el caso “involucra un asalto sin precedentes a la separación de poderes que merece una intervención inmediata”.
Harris señaló que por primera vez, un tribunal federal ha emitido una orden que impide al presidente remover al jefe de una agencia y nombrar a otra persona en su lugar. Mantener esa orden, según la apelación, sugeriría que los tribunales de distrito pueden, sin revisión de apelación, obstaculizar cualquier poder exclusivo del presidente bajo el Artículo II por hasta 28 días.
La apelación de Trump ante la Corte Suprema probablemente sea la primera de muchas. Un rastreador legal mantenido por el foro en línea Just Security registró 74 demandas presentadas contra la administración desde la toma de posesión de Trump. Sindicatos, fiscales generales estatales y empleados federales actuales y anteriores han demandado a la administración Trump por despidos y presuntas violaciones constitucionales.
Dellinger se unió a la creciente ola de demandas contra la administración cuando impugnó su despido en una queja presentada el 10 de febrero en el Tribunal de Distrito de Columbia. El asesor especial alegó que Trump violó la ley que establece que el presidente puede removerlo de su cargo de cinco años “solo por ineficiencia, negligencia en el deber o malversación en el cargo”. La noche del 7 de febrero de 2025, el presidente Trump, en un correo electrónico de una sola línea, intentó destituir a Dellinger sin cumplir con las protecciones legales contra remociones sin causa.
La jueza de distrito Amy Berman Jackson emitió una orden de restricción temporal el 12 de febrero, permitiendo que Dellinger continúe en su puesto en la OSC. Jackson, nominada por el expresidente Barack Obama en 2011, recibió una confirmación unánime del Senado. En su fallo, destacó que la independencia es esencial para que cualquier asesor especial desempeñe sus funciones y obligaciones según lo establecido en la ley. Jackson negó la moción de la administración Trump para suspender su orden.
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia se dividió 2-1 para desestimar la apelación de Trump por considerarla discutible. Las juezas Florence Y. Pan y Michelle Childs, ambas nominadas por Biden, cuestionaron la apelación de Trump, argumentando que una orden de restricción temporal de corta duración generalmente no es apelable.
