La senadora estatal Wendy Rogers, revivió una de sus propuestas de ley anti migratorias. Foto: Generada con Google Gemini
La senadora republicana Wendy Rogers impulsa nuevamente una ley que obligaría a los hospitales de Arizona a preguntar a los pacientes sobre su estatus migratorio, una propuesta que genera controversia.
El proyecto de ley SB 1051, programado para debate en comité, busca recopilar datos anónimos sobre el costo de la atención no compensada a personas indocumentadas.
Esta es la segunda vez que Rogers presenta esta iniciativa, luego de que la gobernadora demócrata Katie Hobbs vetara una versión similar el año pasado.
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“Los contribuyentes merecen transparencia”, declaró la senadora Rogers, argumentando que la ley no negaría atención ni comprometería la privacidad.
La medida requiere que los formularios de admisión hospitalaria incluyan una pregunta voluntaria sobre condición migratoria; la información no se compartiría con autoridades y no afectaría la atención recibida.
Los hospitales deberían reportar trimestralmente al Departamento de Salud estatal, el cual compilaría un informe anual sobre el impacto financiero.
Críticos de la propuesta, principalmente del partido Demócrata, denuncian que pretende convertir los hospitales en puestos de control fronterizo.
“Tiene un efecto disuasorio”, advirtió la senadora estatal Analise Ortiz, agregando que este tipo de legislación asusta a los inmigrantes.
Ortiz también cuestionó la garantía de no compartir datos, señalando que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) “no sigue ninguna regla”.
Rogers ha mantenido una postura firme, afirmando previamente que los migrantes “deberían quedarse en su país de origen si quieren atención médica”.
Este debate se enmarca en una presión más amplia sobre el sistema sanitario de Arizona, con salas de emergencia colapsadas y costos en alza.
Paralelamente, Rogers avanza otra iniciativa (SB 1055) que obliga a notificar a ICE sobre personas indocumentadas arrestadas.
La senadora tiene un historial polémico en la legislatura estatal, impulsando también propuestas controvertidas en otros ámbitos.
La aprobación final del SB 1051 es incierta, pues requiere superar el veto probable de la gobernadora Hobbs.
La polémica ocurre mientras Arizona enfrenta desafíos de financiamiento sanitario a nivel federal, con posibles recortes a Medicaid y subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.
Expertos advierten que esto aumentaría la carga en las emergencias y el costo de la atención no compensada, un problema que la ley de Rogers pretende medir pero no resolver.
El destino del proyecto definirá el tono de la agenda legislativa en un año electoral, reflejando profundas divisiones sobre inmigración y salud pública.
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La iniciativa se sustenta en la premisa de que se necesitan datos claros para asignar recursos; sin embargo, sus opositores consideran que estigmatiza y genera desconfianza en comunidades vulnerables.
El resultado de la votación en comité será un primer indicio claro del apoyo político con el que cuenta la medida este año. Finalmente, el debate trasciende lo sanitario y toca fibras sensibles sobre derechos, transparencia y el rol del estado en asuntos migratorios.
