El incidente en la planta Huyndai, que ocurrió el 5 de septiembre de 2025, expone las tensiones entre la política de mano dura migratoria. Foto: Cortesía / ICE Altanta
Una redada migratoria en la planta de baterías para vehículos eléctricos de Hyundai y LG en Ellabell, Georgia, detuvo a 475 trabajadores, incluidos 300 ciudadanos surcoreanos, en la mayor operación de aplicación de leyes migratorias en un solo sitio en la historia del Departamento de Seguridad Nacional.
El incidente, que ocurrió el 5 de septiembre de 2025, expone las tensiones entre la política de mano dura migratoria del presidente Donald Trump y sus esfuerzos por atraer inversiones extranjeras, especialmente en sectores estratégicos como la manufactura de vehículos eléctricos.
Trump respondió a las críticas internacionales mediante una publicación en Truth Social, donde pidió a las empresas extranjeras que “respeten las leyes migratorias de Estados Unidos”, pero añadió que el país “acoge inversiones y alentamos a traer legalmente a personas talentosas para construir productos de clase mundial”.
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Sin embargo, reconoció la necesidad de permitir que expertos extranjeros capaciten a trabajadores estadounidenses en áreas complejas como la fabricación de baterías.
Esta postura refleja la contradicción entre las estrictas políticas de inmigración y la dependencia de mano de obra especializada para proyectos de inversión multinacionales.
La redada, resultado de una investigación de meses sobre prácticas ilegales de contratación, reveló que muchos de los detenidos habían ingresado al país mediante el Programa de Exención de Visa (ESTA) o visas B-1 de negocios, que no permiten empleo formal .
Según empresas surcoreanas, la escasez de visas especializadas como la H-1B, con solo 2,000 asignadas anualmente a coreanos, obliga a recurrir a alternativas temporales para agilizar proyectos.
Un ejecutivo anónimo destacó: “¿Quién va a solicitar una visa H-1B para trabajos de calibración que duran solo unos días?” .
La respuesta de Corea del Sur fue inmediata y el ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, viajó a Washington para negociar la repatriación de los detenidos en un vuelo chárter, mientras el gobierno surcoreano prometió revisar los procedimientos de visas para viajes de negocios.
El incidente generó indignación en Corea del Sur, donde legisladores lo calificaron como un “desastre diplomático” y una “bofetada” a las inversiones bilaterales, que superan los $500 mil millones en industrias estratégicas .
El impacto económico ya es evidente: la construcción de la planta de baterías, que prometía crear 8,500 empleos, está paralizada.
Empresas como LG Energy Solution suspendieron viajes de negocios a Estados Unidos, mientras grupos industriales surcoreanos exigieron un programa de visas específico (E-4) para profesionales, similar a los acuerdos con Canadá o Australia.
Organizaciones de derechos civiles como Asian Americans Advancing Justice-Atlanta criticaron la operación, señalando que los trabajadores detenidos “son personas comunes que intentan alimentar a sus familias”.
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Mientras, la administración Trump insiste en que la redada fue necesaria para hacer cumplir las leyes, aunque prometió agilizar procesos legales para trabajadores especializados.
El desenlace de este episodio podría definir el futuro de las inversiones extranjeras en Estados Unidos, equilibrando seguridad fronteriza y necesidades económicas.
