Jueza emite orden judicial para restringir el uso de la fuerza en agentes de ICE en Minnesota, para evitar más muertes y agresiones a manifestantes. Foto: Cortesía / ICE Flikr
Ante el asesinato de la madre de familia Renee Nicole Good, quien fue baleada por un oficial de ICE en Minneapolis, una jueza emitió una orden para prohibir a la agencia utilizar tácticas de fuerza excesiva contra manifestanntes y observadores.
El fallo gue emitido por la jueza de distrito Katherine Menendez, ante la escalada de protestas en Minnesota y la respuesta violenta de oficiales de ICE, con uso de gas lacrimógeno y de más tácticas de fuerza excesiva.
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Dicha orden judicial entra en vigor de forma inmediata y establece limitaciones estrictas que los agentes federales desplegados en Minneapolis deben acatar. Entre las prohibiciones destacan:
-Uso de Armas Químicas: Queda prohibido el uso de gas lacrimógeno, gas pimienta y granadas de estruendo contra personas que ejerzan su derecho a la protesta de forma pacífica.
-Protección a Observadores: Los agentes no podrán detener, acosar o incautar equipos de grabación de personas que documenten los operativos migratorios.
-Acoso Vehicular: Se prohíbe a ICE detener o intimidar a conductores que circulen cerca de las zonas de operativos sin una sospecha criminal razonable.
“El derecho a observar y protestar contra las acciones del gobierno es un pilar de nuestra democracia que no puede ser socavado por tácticas de intimidación federal”, señaló la jueza en su escrito de 83 páginas.
El detonante: la muerte de Renee Good
El clima de confrontación alcanzó su punto máximo tras el tiroteo de Renee Good, de 37 años. Mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que sus agentes dispararon en defensa propia cuando Good supuestamente dirigió su vehículo hacia ellos, videos de testigos y cámaras de seguridad sugieren que los disparos se efectuaron cuando el vehículo ya no representaba una amenaza inminente.
Este suceso ha puesto bajo la lupa la “Operación Metro Surge”, un programa federal que ha desplazado a miles de agentes a ciudades clave, provocando roces constantes con los gobiernos locales de Minneapolis y St. Paul, quienes han calificado la presencia federal como “una fuerza de ocupación innecesaria”.
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Por su parte, el gobierno federal había ordenado a sus agentes de inmigración a ejercer su trabajo como fuera necesario, con la confianza de que poseen total inmunidad para actuar.
Dichas palabras han sido duramente cuestionadas por defensores de derechos civiles, quienes adviertieron que con ello vendrían más casos como el de Renee Good en todo el país.
