Desde enero de 2025, se han registrado 51 muertes de detenidos bajo custodia de ICE, las cuales son ocultadas por el DHS y la agencia migratoria, de acuerdo con las fiscalías estatales. CORTESIA: ICE / Facebook
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, se sumó a una coalición de 22 fiscales estatales para exigir al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que reviertan una nueva política que elimina las investigaciones y los informes públicos sobre las muertes que ocurren poco después de que los inmigrantes detenidos son liberados de su custodia.
En una carta dirigida al secretario Markwayne Mullin y al director interino de ICE, David Venturella, los fiscales calificaron la medida como un intento irresponsable de reducir la transparencia en un momento en que las denuncias de condiciones inhumanas en los centros de detención no dejan de aumentar.
“Con reportes de que a los detenidos de ICE se les niegan medicamentos y atención médica crítica, incluso aquí en Arizona, la necesidad de una supervisión rigurosa y de informes transparentes nunca ha sido mayor. ICE debería revertir esta política de inmediato”, declaró Mayes.
La postura de Kris Mayes y los fiscales estatales
Hasta ahora, las normas de detención obligaban a ICE a investigar y reportar las muertes ocurridas durante la custodia, y permitían que los directores de la agencia solicitaran revisiones de los fallecimientos de personas que murieran dentro de los 30 días posteriores a su liberación.
La nueva política elimina esa facultad, lo que, según los fiscales, no solo reduce la rendición de cuentas, sino que podría crear un incentivo perverso para que los centros liberen a detenidos gravemente enfermos o maltratados poco antes de que mueran, eludiendo así el escrutinio.
Datos y estadísticas de muertes
Los números respaldan la alarma. Desde enero de 2025, se han registrado 51 muertes de detenidos bajo custodia de ICE, entre ellas la de Ismael Ayala-Uribe, un hombre de 39 años que falleció por un choque séptico causado por un absceso no tratado después de que su solicitud de atención médica fuera ignorada.
Más de la mitad de esas muertes se han concentrado en apenas nueve de los más de 220 centros de detención activos, y la propia Oficina de Supervisión de Detenciones de ICE ha determinado que cinco de esos nueve centros tienen atención médica deficiente.
La carta, liderada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y respaldada por los fiscales de otros 21 estados y el Distrito de Columbia, advierte que la nueva política forma parte de un esfuerzo más amplio para blindar a los centros de detención frente a la supervisión pública, justo cuando las condiciones de reclusión se deterioran.
En los últimos meses, profesionales de la salud y funcionarios electos han sido impedidos de realizar inspecciones rutinarias en las instalaciones de ICE, mientras los reportes de atención médica inadecuada y condiciones insalubres se multiplican.
El historial de acciones legales de la Fiscalía de Arizona
Mayes ha hecho de la defensa de los derechos de los inmigrantes uno de los ejes de su gestión al frente de la fiscalía estatal.
Apenas este mes, su oficina se sumó a una demanda para bloquear la orden ejecutiva de Trump que restringía el voto por correo, y en abril presentó una acción legal contra un centro de detención en Surprise por violar la normativa federal de proximidad a materiales peligrosos.
Recibe alertas de última hora directo en tu celular. ¡Únete a nuestro canal exclusivo de WhatsApp
La carta enviada refuerza esa línea de acción y deja en claro que los fiscales estatales no están dispuestos a permitir que la opacidad sustituya a la rendición de cuentas en un sistema que, según los propios datos del gobierno, está fallando de manera reiterada a quienes tiene bajo su custodia.
