ICE se ha convertido una fuerza policial federal con amplios poderes y escasa supervisión bajo la administración Trump. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
El senador por Arizona, Mark Kelly, alertó sobre los peligros del uso de agentes de inmigración enmascarados y sin identificación, una advertencia que encuentra respaldo en una investigación de ProPublica que revela una fuerza policial federal con amplios poderes y escasa supervisión bajo la administración Trump.
En una entrevista con Deseret Voices, Kelly, quien es hijo de dos policías, enfatizó que las fuerzas del orden deben actuar de manera responsable y respetuosa, cuestionando abiertamente las tácticas actuales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
“Me gustaría verlos usando una identificación, no usando máscaras, y decirle a Stephen Miller o a Kristi Noem que ‘seguiremos la ley y hay límites sobre lo que haremos'”, declaró el senador
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Añadió que existe evidencia de que “han deportado a ciudadanos estadounidenses y están destrozando comunidades”.
Kelly también instó a los agentes individuales a resistir órdenes inconstitucionales, afirmando que “nadie puede decirte que violes la ley; no te pueden ordenar que violes los derechos constitucionales de las personas”.
Estas declaraciones se producen en un contexto documentado por una exhaustiva investigación de ProPublica, la cual detalla cómo ICE se ha convertido en una fuerza que opera con agentes enmascarados y vehículos sin identificación, generando terror en comunidades como Santa Ana, California.
Las grabaciones de llamadas al 911 obtenidas por la investigación capturan la confusión y el miedo de los residentes, quienes reportaron a hombres encapuchados forzando personas a subir a furgonetas sin logotipos, en escenas descritas como “secuestros”.
“¿Qué clase de policía va por ahí sin placas?”, preguntó con voz temblorosa una mujer durante una de esas llamadas de emergencia.
La alcaldesa de Santa Ana, Valerie Amezcua, relató su frustración al descubrir que su gobierno local tenía un poder casi nulo para regular estas acciones, sumado al desmantelamiento de la oficina del Departamento de Seguridad Nacional que manejaba quejas por derechos civiles.
Paralelamente, la administración Trump ha vaciado los mecanismos de supervisión interna, como la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, mientras ICE recibe un presupuesto adicional de miles de millones para un reclutamiento masivo que ha relajado los estándares de edad, formación y educación.
Un exfuncionario de Seguridad Nacional, hablando bajo anonimato, advirtió que esta combinación es “muy aterradora”.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, defendió las operaciones, calificando las comparaciones con una policía secreta como “calumnias y demonización” y argumentando que los agentes usan máscaras para protegerse de pandillas criminales.
Sin embargo, la investigación de ProPublica muestra que las consecuencias son palpables en lugares como el condado de Hays, Texas, donde el juez Rubén Becerra declaró que el gobierno federal ha ignorado sus intentos de obtener información tras una redada, afirmando que, “por definición, eso es un secuestro”.
Para expertos como la profesora Lee Morgenbesser, casos como la detención de la estudiante de Tufts, Rümeysa Öztürk, ilustran esta problemática de manera clara.
La postura del senador Kelly, quien también abogó por dotar de mejor tecnología a los agentes fronterizos para combatir el tráfico de fentanilo, subraya una creciente preocupación bipartidista sobre los métodos y la supervisión de las agencias de aplicación de la ley federal.
Cobijo a la ilegalidad
Una corte fracturada avaló provisionalmente los controles migratorios aleatorios al mantener vigente una polémica ley estatal, lo que desató una intensa crítica pública sobre el papel del tribunal en el equilibrio entre seguridad y libertades civiles.
El caso Noem v. Vásquez Permondo, que cuestiona la constitucionalidad de estas detenciones, fue objeto de una audiencia ante el Tribunal Supremo; sin embargo, los jueces conservadores emitieron una suspensión que permite continuar la práctica mientras se delibera un fallo final.
Esta decisión procesal, que el anfitrión de MSNBC Joe Scarborough calificó como “patear la lata”, otorga una cobertura legal temporal a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas cuyas acciones han generado un creciente malestar en diversas comunidades.
El juez Brett Kavanaugh, miembro clave de la mayoría conservadora, abordó los temores públicos en una opinión concurrente; “[L]a sospecha razonable significa solo que los agentes de inmigración pueden detener brevemente al individuo e indagar sobre su estado migratorio”, explicó el magistrado.
Kavanaugh agregó que “si la persona es un ciudadano estadounidense o está legalmente en los Estados Unidos, ese individuo quedará en libertad después del breve encuentro”, argumentando que los ciudadanos legítimos no tienen nada que temer de estos procedimientos.
No obstante, esta garantía ha sido desafiada por reportes de medios que documentan numerosas detenciones erróneas; Scarborough citó investigaciones del Chicago Tribuneque revelan que “más de 100 ciudadanos estadounidenses han sido sacados a rastras, arrojados a coches”, contradiciendo la premisa de Kavanaugh.
La comparación con el legado de fallos históricos marcó la gravedad de la crítica; Scarborough advirtió que, aunque “puede que no sea tan dramática como la decisión de Dred Scott, esto los perseguirá y a sus legados” .
La referencia al caso de 1857, ampliamente repudiado por negar la ciudadanía y los derechos básicos a los afroamericanos, sitúa la controversia actual dentro del historial de la Corte de lidiar con asuntos de libertad y discriminación.
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El Tribunal Roberts, descrito por analistas como una corte con una “mayoría conservadora estable” donde figuras como Kavanaugh son “voces centrales”, enfrenta así un momento definitorio.
La forma en que resuelva este caso, y si su legado será empañado por la percepción de avalar tácticas abusivas, depende de si la justicia procesal que profesa se traduce en justicia tangible para los ciudadanos afectados.
