Arizona enfrenta una ofensiva migratoria de ICE que intensifica la tensión entre autoridades locales y el gobierno de Trump. CORTESIA: ICE.Gov
Arizona enfrenta una ofensiva migratoria federal que intensifica la tensión entre autoridades locales y el gobierno de Donald Trump, con redadas controvertidas y nueva colaboración policial para aplicar políticas de deportación más estrictas.
La alcaldesa de Tucson, Regina Romero, y la congresista Adelita Grijalva han denunciado estas acciones, mientras el condado Pinal se suma formalmente a la estrategia federal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Los operativos del ICE se han intensificado en Arizona como lo evidenció la redada el 5 de diciembre en varios restaurantes Taco Giro donde agentes federales ejecutaron dieciséis órdenes de cateo, resultando en la detención de cuarenta y seis personas.
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La congresista Adelita Grijalva se presentó en el lugar de la redada para pedir explicaciones, donde denunció haber sido rociada con gas pimienta y empujada por los agentes.
“Los oficiales de ICE se portaron agresivos”, afirmó Grijalva, cuestionando el trato dado a quienes protestaban de manera pacífica; el Departamento de Seguridad Nacional negó estas acusaciones, señalando que la congresista obstruía el operativo.
El ICE afirma que la operación buscaba desmantelar una organización criminal transnacional involucrada en explotación laboral, sin embargo, su ejecución generó un fuerte enfrentamiento con la comunidad.
Frente a estos hechos, la alcaldesa Regina Romero alertó sobre nuevos operativos en la zona de Miracle Mile la mañana del 10 de diciembre.
En un comunicado, Romero instó a la ciudadanía a documentar y protestar pacíficamente, pero advirtió sobre no enfrentarse a los agentes: “La administración Trump quiere crear miedo y caos en nuestra comunidad”, declaró, reafirmando su compromiso con los derechos de todos en Tucson.
Paralelamente, la ofensiva se institucionaliza con la adhesión de la Fiscalía del condado Pinal al programa 287(g) de ICE; este acuerdo capacita a investigadores locales para verificar estatus migratorio y colaborar en deportaciones
El fiscal Brad Miller declaró que, con esta asociación, “si cometes un crimen en el condado Pinal, te cazaremos” y serás procesado con todo el peso de la ley.
Este endurecimiento se complementa con nuevas medidas legales, como la “tarifa de aprehensión” de cinco mil dólares para personas detenidas tras cruzar ilegalmente la frontera.
La multa se aplica retroactivamente, independientemente del tiempo que la persona lleve en el país y según el jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks, “se aplicará a todos los extranjeros ilegales”, sin importar su ubicación o proceso migratorio en curso.
La ley “Big Beautiful Bill” también establece otros cargos; implementa una tarifa no renunciable de cien dólares para solicitudes de asilo, más cien adicionales por cada año que la solicitud permanezca pendiente.
Además, crea un cargo de doscientos cincuenta dólares para el Estatus de Inmigrante Juvenil Especial, una forma de ayuda humanitaria para menores vulnerables.
Activistas y la Unión Americana de Libertades Civiles han expresado seria preocupación por programas como el 287(g) y advierten que fusionar la aplicación de leyes locales con la inmigración federal disuade a víctimas y testigos de delitos de llamar a la policía por miedo.
Esta situación revive el polémico legado de perfiles raciales en Arizona, recordando el costoso caso contra el exalguacil Joe Arpaio.
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Mientras las autoridades federales justifican las acciones como necesarias para la seguridad nacional, las líderes demócratas locales las condenan como una campaña de intimidación.
El resultado es una profunda fractura social y un clima de temor en comunidades que sienten el peso de una estrategia migratoria cada vez más agresiva y con mayor participación de las fuerzas del orden locales en Arizona.
