Se reanudarán los operativos de ICE en California y en otros estados del país, donde los agentes se podrán basar en las características físicas de las personas. Foto: Cortesía / ICE.Gov
La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde el lunes a las autoridades de inmigración para reanudar las redadas en el sur de California, anulando temporalmente una orden judicial de menor rango que había limitado drásticamente las operaciones de arresto de ICE.
La decisión de 6 a 3 representa una victoria para la administración del presidente Donald Trump, que argumentó que la restricción impuesta por tribunales inferiores obstaculizaba la aplicación de las leyes de inmigración. La orden de restricción original prohibía a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detener a personas basándose en criterios como su apariencia racial o étnica, el idioma que hablaban o el lugar donde se encontraban, como un lugar de trabajo o una parada de autobús.
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Argumentos a Favor y en Contra
Los defensores de los inmigrantes habían obtenido la orden judicial con el argumento de que las tácticas de ICE en la región constituían perfil racial. La jueza Sonia Sotomayor, en una disidencia mordaz, lamentó la decisión de la mayoría, escribiendo que “no deberíamos tener que vivir en un país donde el gobierno puede detener a cualquiera que parezca latino, hable español y parezca tener un trabajo de bajo salario”.
Por su parte, la mayoría de la Corte Suprema no ofreció una justificación detallada para la suspensión. Sin embargo, el juez Brett M. Kavanaugh, en una opinión concurrente, sugirió que la etnia aparente podría ser un “factor relevante” en una detención de inmigración si se considera junto con otras pruebas.
Impacto y Reacciones
La decisión no resuelve el caso de manera definitiva, ya que el litigio continúa en los tribunales de apelaciones. Sin embargo, permite a ICE reanudar sus operaciones sin las restricciones anteriores mientras el proceso legal avanza.
Grupos de derechos civiles, incluyendo la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Fondo Mexicano Estadounidense de Defensa Legal y Educación (MALDEF), criticaron la medida, advirtiendo que podría conducir a un aumento del perfil racial y las detenciones injustas.
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“Esta decisión es un revés devastador para las comunidades de inmigrantes”, declaró un portavoz de la ACLU. “Pone en riesgo a innumerables familias y les quita una importante protección legal”.
La administración Trump no emitió una declaración inmediata, pero funcionarios del Departamento de Justicia han expresado su satisfacción con la decisión, que ven como una reafirmación de su autoridad para hacer cumplir las leyes de inmigración en todo el país.
