Los trabajos de habilitación de la mega cárcel de ICE en Surprise han sido detenidos por arte del Gobierno Federal. CORTESIA: Northwest Valley Indivisible / Facebook
El gobierno federal emitió una orden de suspensión de trabajos que paralizó la conversión del almacén de Surprise en un centro de detención migratoria, apenas días antes de que la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, presentara una demanda para bloquear definitivamente el proyecto.
La medida, registrada en la base de datos de contratos públicos, supone el primer freno tangible a una instalación que ha enfrentado meses de rechazo vecinal y político.
Detalles del contrato de ICE
Los registros consultados muestran dos modificaciones sucesivas al contrato de 313 millones de dólares adjudicado a GardaWorld Federal Services el pasado 6 de marzo; la primera, firmada el 22 de abril, activó la orden de paro, y la segunda, fechada el 23 de abril, la actualizó con la descripción explícita de que afectaba a las obras del centro de Surprise. Ninguna de las dos incluyó fondos adicionales.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no ha explicado públicamente los motivos de la suspensión.
Presión de la comunidad y autoridades locales
La paralización se produce después de que cientos de residentes abarrotaran las sesiones del Concejo Municipal desde finales de enero, cuando el Departamento de Seguridad Nacional compró el inmueble de 418,400 pies cuadrados sin avisar a las autoridades locales.
Una de aquellas reuniones se prolongó hasta la medianoche, con cinco horas ininterrumpidas de intervenciones ciudadanas en contra; incluso una estudiante de la preparatoria Dysart, situada a menos de una milla del almacén, promovió una petición que recogió miles de firmas.
El concejal Chriss Judd, que ha manifestado abiertamente su oposición al proyecto, supo de la suspensión a través de una noticia y confirmó la información con el gobierno municipal. “Me emocioné”, declaró Judd, y añadió que ver al contratista en espera es “prometedor”. Judd ha alertado repetidamente de la proximidad del almacén a zonas residenciales y a la Base Luke de la Fuerza Aérea.
Acción judicial de la Fiscalía General
La presión comunitaria encontró eco en la Fiscalía General del Estado y Kris Mayes presentó una demanda federal contra el secretario del Departamento de Seguridad Nacional y el director interino de ICE, acusándolos de violar la Ley Nacional de Política Ambiental.
La fiscal denunció que el gobierno no ha realizado ninguna evaluación de impacto ambiental para un centro situado frente a un almacén de productos químicos peligrosos operado por la empresa Rinchem, lo que supone un riesgo inaceptable.
Riesgos de seguridad y medio ambiente
“Si hay una ruptura de tubería, un derrame químico o un incendio, los servicios de emergencia responderán a un posible evento de víctimas masivas con cientos, si no miles, de personas encerradas que no pueden salir”, advirtió Mayes. La fiscal añadió que el edificio está a escasos metros de una escuela preparatoria con 1,400 alumnos.
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El patrón de suspensión es idéntico al ocurrido en Williamsport, Maryland, donde un tribunal federal concedió una medida cautelar contra un proyecto similar. En Arizona, la demanda sostiene que ni siquiera existe una revisión ambiental.
La suma de la movilización ciudadana, las dudas del alcalde Kevin Sartor y la acción judicial han creado un cerco que mantiene los trabajos paralizados. El gobierno federal no ha fijado una fecha para reanudarlos.
