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Proponen agentes de ICE en las urnas en elecciones 2026

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Legisladores republicanos promueven polémicas propuestas de ley para que entren en efecto a partir del ciclo electoral 2026 y se instalen agentes de ICE en las urnas. CORTESIA: ICE.Gov 

El senador estatal Jake Hoffman, uno de los once republicanos que firmaron como “falsos electores” en 2020 para intentar revertir el resultado electoral en Arizona, presentó una controvertida iniciativa que requeriría la presencia de agentes federales de inmigración en cada centro de votación durante la elección general de 2026

La SB 1570, discutida esta semana en el Comité de Judicatura y Elecciones del Senado, obligaría a los registradores de condado a establecer acuerdos con una “agencia federal de aplicación de leyes migratorias” para garantizar su presencia en sitios de votación anticipada, casillas electorales el día de los comicios y buzones para depositar boletas.

Hoffman, quien enfrenta una acusación por parte de la fiscal general Kris Mayes por su participación en la trama de electores falsos, ha visto su caso estancado en los tribunales en medio de denuncias de presiones políticas que han impedido el avance del proceso. 

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El legislador republicano justificó la medida argumentando que: “Los arizonensesmerecen saber que las leyes electorales no solo están escritas, sino que realmente se aplican en la práctica”, y aseguró que el objetivo es “disuadir violaciones antes de que ocurran”.

La propuesta establece que los oficiales federales podrán observar las actividades electorales y cumplir con sus funciones autorizadas, pero “no interferirán con la emisión o depósito de votos” y no podrán “interrogar, detener o arrestar a un votante únicamente con el propósito de determinar su elegibilidad”. 

Los críticos señalan la ironía de que Hoffman, quien intentó subvertir la voluntad popular en 2020, ahora se presente como defensor de la integridad electoral. 

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Su caso penal, junto al de otros diez republicanos, permanece en un limbo judicial que activistas atribuyen a la influencia política de los acusados. La fiscal Mayes ha reiterado que “nadie está por encima de la ley”, pero el proceso no ha logrado avanzar hacia un juicio.

La SB 1570 ha generado una fuerte oposición de organizaciones de derechos civiles y del Partido Demócrata, que anunciaron que impugnarán la medida si es aprobada. 

Mientras tanto, Hoffman insiste en que “cuando los votantes vean que las reglas se aplican de manera justa y consistente, la confianza en los resultados electorales seguirá”. 

La audiencia en el Comité de Judicatura y Elecciones definirá el futuro inmediato de una propuesta que, según sus detractores, busca resolver con intimidación un problema de desconfianza que los propios republicanos han alimentado durante años.

Intimidación a votantes

Sin embargo, organizaciones de derechos civiles advierten que la simple presencia de agentes migratorios en los centros de votación tendrá un efecto intimidatorio sobre los votantes latinos y naturalizados, independientemente de las restricciones legales.

“La presencia de ICE en las urnas no es seguridad electoral, es supresión electoral; busca infundir miedo en comunidades que ya están bajo ataque”, señaló Alex Gulotta, director estatal de All Voting is Local.

La iniciativa se suma a otras propuestas republicanas como la SCR 1001, impulsada por la senadora Shawnna Bolick, que busca enmendar la constitución estatal para finalizar la votación anticipada el viernes previo a las elecciones y prohibir contribuciones extranjeras a campañas. Bolick calificó estas medidas como “el mínimo indispensable para una república segura”.

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Según datos del Brennan Center for Justice, más de 21 millones de votantes latinos y naturalizados podrían verse afectados por medidas que crean un ambiente de intimidación en los centros de votación.

Cabe destacar que Arizona ya cuenta con algunas de las leyes de identificación de votantes más estrictas del país; desde 2004, los votantes deben presentar una identificación con fotografía o dos formas de identificación sin foto en los centros de votación, y desde 2022 se exige prueba documental de ciudadanía para registrarse. 

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