Una nueva orden ejecutiva de Donald Trump estaría poniendo en la mira a los indigentes o “homeless” forzándolos a recibir tratamiento contra las drogas y de salud mental, aunque no especifica su funcionamiento práctico. CORTESIA: Freepik
Donald Trump asegura que busca terminar el crimen en las calles con este nuevo decreto
El presidente Donald Trump firmó una controvertida orden ejecutiva que busca “terminar con el crimen y el desorden en las calles de Estados Unidos” mediante un giro radical en el abordaje de la falta de vivienda.
El documento, vincula explícitamente la situación de las 274,224 personas sin hogar registradas en el último año de la administración anterior con problemas de salud mental y adicciones, argumentando que “la gran mayoría son adictos a las drogas, padecen una condición de salud mental o ambas”.
La medida prioriza el traslado a “entornos institucionales a largo plazo” mediante el uso de compromisos civiles forzosos, marcando un alejamiento de políticas basadas en vivienda temporal y reducción de daños.
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La orden instruye al fiscal general y al secretario de Salud y Servicios Humanos a revertir precedentes judiciales y terminar con decretos de consentimiento que “impidan la política de Estados Unidos de alentar el compromiso civil” de personas con enfermedades mentales que “representen riesgos para sí mismos o el público”.
Esto incluye asistencia técnica y financiera a gobiernos estatales y locales para implementar estándares de tratamiento “máximamente flexibles” que permitan la institucionalización de quienes “viven en las calles y no pueden cuidar de sí mismos”.
Paralelamente, agencias federales deberán dar prioridad en subsidios a jurisdicciones que cumplan cinco criterios: 1) aplicación de prohibiciones sobre uso ilícito de drogas en espacios públicos; 2) cumplimiento de normas contra campamentos urbanos y vagancia; 3) combate a la ocupación ilegal de propiedades; 4) adopción de compromisos civiles para trasladar a personas con trastornos mentales graves a centros de tratamiento; y 5) implementación rigurosa del registro de delincuentes sexuales sin domicilio fijo.
El fiscal general evaluará además la peligrosidad sexual de personas sin hogar arrestadas por delitos federales y destinará fondos para la remoción de campamentos donde “la seguridad pública esté en riesgo”.
Redirección de fondos
El texto ordena redirigir recursos federales hacia programas “basados en evidencia”, excluyendo explícitamente iniciativas de “reducción de daños” o “consumo seguro” que, según afirma, “solo facilitan el uso de drogas ilegales y sus daños concomitantes”.
El secretario de Salud y Servicios Humanos deberá garantizar que los centros de salud financiados con fondos federales “reduzcan en lugar de promover la falta de vivienda” mediante servicios integrales para trastornos mentales graves y adicciones.
En un ataque directo al modelo “Housing First” (Vivienda Primero), promovido por administraciones anteriores, la orden instruye a los secretarios de Salud y Vivienda a “terminar el apoyo a políticas que despriorizan la rendición de cuentas y no promueven el tratamiento, la recuperación y la autosuficiencia”.
Además, impone mayores exigencias a receptores de asistencia federal: quienes operen sitios de consumo seguro o permitan distribución de drogas en sus instalaciones enfrentarán revisiones por violaciones a la ley federal (21 U.S.C. 856) y posible congelamiento de fondos.
Las polémicas
La medida incluye disposiciones para programas que alberguen exclusivamente a mujeres y niños, prohibiendo que delincuentes sexuales sean alojados con menores no relacionados.
También autoriza la recopilación de datos de salud entre beneficiarios de asistencia para personas sin hogar, permitiendo compartir esta información con autoridades policiales “en circunstancias permitidas por la ley”.
La justificación central de la orden, que la institucionalización forzosa es necesaria para restaurar el “orden público”, contrasta con evaluaciones de la administración Biden, que vinculaba la justicia ambiental con derechos básicos como “respirar aire puro, beber agua limpia y vivir en comunidades saludables”.
Este giro refleja tensiones filosóficas más amplias: mientras la orden actual enfatiza seguridad y cumplimiento normativo, iniciativas anteriores como la Justicia40 de Biden (derogada por Trump en marzo de 2025) buscaban canalizar el 40% de beneficios de programas climáticos a comunidades desfavorecidas.
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Aunque la orden no crea derechos exigibles judicialmente y está sujeta a disponibilidad presupuestaria, su implementación enfrentará desafíos legales y logísticos.
El mandato de vincular asistencia federal al cumplimiento de estrictas políticas locales podría generar tensiones con ciudades que mantienen enfoques de reducción de daños.
Mientras el gobierno federal prepara directrices de aplicación, la polémica sobre cómo equilibrar seguridad pública, derechos individuales y apoyo a poblaciones vulnerables promete intensificarse cerca de un nuevo año electoral.
