La decisión judicial, emitida tras una revisión exhaustiva de los materiales secretos, desnuda las tensiones entre el Poder Judicial en caso Epstein. Foto: Cortesía /
En un fallo contundente, el juez federal Paul Engelmayer rechazó la solicitud del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) para desclasificar las transcripciones del jurado investigador en el caso de Ghislaine Maxwell, calificando los argumentos gubernamentales como “demostrablemente falsos” y acusando a la administración Trump de crear una “ilusión de transparencia”; dejó claro también que está en sus propias manos dar a conocer la totalidad de los archivos.
La decisión judicial, emitida tras una revisión exhaustiva de los materiales secretos, desnuda las tensiones entre el Poder Judicial y los intentos del gobierno por gestionar la crisis política desatada por el caso del depredador sexual y pederasta Jeffrey Epstein.
En su orden de 31 páginas, el magistrado del Distrito Sur de Nueva York desmontó meticulosamente la premisa central del DOJ dirigido por la fiscal general Pam Bondi, que justificaba la divulgación basándose en un “abundante interés público”.
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Tras revisar personalmente los testimonios, Engelmayer, nombrado por Barack Obama, dictaminó que los documentos no contienen información sustantiva nueva:
“Su premisa completa que los materiales del jurado investigador de Maxwell revelarían información significativa nueva sobre los crímenes de Epstein y Maxwell, o la investigación del Gobierno sobre ellos es demostrablemente falsa. No hay ‘nada’ allí”, escribió.
El juez especificó que los registros no identifican a ninguna persona además de Epstein y Maxwell que haya tenido contacto sexual con menores, no discuten ni revelan clientes de la red de explotación, no exponen fuentes de riqueza desconocidas, no detallan nuevos métodos criminales y no exploran las circunstancias de la muerte de Epstein en 2019.
Los únicos testigos que declararon ante el gran jurado fueron un agente del FBI y un detective del NYPD, quienes ofrecieron testimonios resumidos que Engelmayer tildó de “ordinarios” y redundantes con lo presentado en el juicio público de 2021 contra Maxwell.
“Espectáculo político”
El fallo trasciende lo jurídico al cuestionar la integridad del esfuerzo gubernamental. Engelmayer sugirió que la solicitud del DOJ impulsada personalmente por el presidente Donald Trump bajo presión de su base política, buscaba desviar la atención en lugar de ofrecer genuina apertura:
“Un miembro del público podría concluir que la moción del Gobierno para desclasificar apuntaba no a la ‘transparencia’ sino a la distracción, dirigida no a la divulgación plena sino a la ilusión de tal”.
El juez también criticó irregularidades procesales: el equipo de Bondi no consultó a los fiscales originales del caso y excluyó a las víctimas de las notificaciones.
Este último punto fue calificado por abogados de sobrevivientes como “extraordinariamente insensible”, destacando que las víctimas siguen siendo “una ocurrencia tardía” para el gobierno.
La salida de Maurene Comey, una de las últimas fiscales vinculadas a la investigación, días antes de la petición, añadió opacidad al procedimiento, al igual que el hecho de que Pam Bondy habría revelado a Donald Trump que aparecía en los archivos y el hecho de que hayan destinado alrededor de mil agentes a la única labor de encontrar y censurar el nombre del presidente, según denuncia del senador Richard Durbin.
El escándalo del caso Epstein estalló cuando tras romper con la administración, Elon Musk acusó en una publicación viral de no dar a conocer los archivos porque Donald Trump estaba en ellos, aunque la borró minutos después.
Los secretos de Maxwell
La decisión judicial llega en medio de movimientos controvertidos alrededor de Maxwell, condenada en 2022 a 20 años de prisión por delitos que incluyen: Tráfico sexual de menores, conspiración para abusar sexualmente de menores, transporte de menores con fines sexuales y perjurio.
La semana pasada, Maxwell fue trasladada sin explicación pública desde una prisión federal de Florida al campo penitenciario de mínima seguridad Bryan en Texas, una instalación donde las internas tienen acceso a clases, deportes y visitas familiares ampliadas.
Expertos penitenciarios como Holli Coulman calificaron el traslado de “sin precedentes”, ya que las normas del sistema federal exigen que delincuentes sexuales contra menores cumplan condena en centros de seguridad baja o superior, salvo exenciones excepcionales.
Familiares de Virginia Giuffre, una víctima fallecida de Epstein que de hecho fue reclutada en Mar-a-lago, propiedad de Donald Trump, denunciaron el movimiento como “trato preferencial” y señalaron que se realizó “sin notificación a las víctimas”.
Este traslado ocurrió después de que el fiscal general adjunto Todd Blanche, exabogado personal de Trump en el escandaloso caso de Stormy Daniels, donde fue encontrado culpable de 34 cargos penales, mantuviera dos reuniones secretas con Maxwell a fines de julio.
El DOJ se negó a revelar el contenido de esas conversaciones, alimentando especulaciones sobre un posible indulto presidencial, que la Casa Blanca negó estar “otorgando o discutiendo”.
La relación de Trump con Epstein y Maxwell además de documentada ha sido por demás controversial y de hecho cuando Ghislaine fue condenada por trafico sexual de menores, el presidente se limitó a “desearle lo mejor”.
Compañeros de celda de Maxwell, en la cárcel de Tallahassee, aseguran que la depredadora buscó un acuerdo con la administración Biden, a la que habría ofrecido revelar sucios secretos de Trump, pero entonces fue ignorada sobre todo por su poca credibilidad.
Ahora todo parece indicar que existe una negociación con la segunda administración trumpista que bien podría otorgarle un perdón presidencial al término de su mandato, algo que el propio Donald Trump no ha descartado y al contrario, aseguró que “tiene la autoridad para hacer, pero todavía no lo ha considerado”.
Trasfondo político y próximos pasos
La orden de Engelmayer es un revés para Trump, quien prometió en campaña “desclasificar todos los archivos Epstein” pero cuyo DOJ anunció en julio que no divulgaría más material, alegando la inexistencia de una “lista de clientes”.
La base conservadora del presidente reaccionó con furia, llevando al gobierno a buscar gestos de transparencia como esta petición judicial ahora rechazada.
Mientras Maxwell apela su condena ante la Corte Suprema 8, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por republicanos, ha emitido citaciones para interrogar al DOJ y a figuras como Bill y Hillary Clinton, así como a exprocuradores generales y directores del FBI.
Un juez federal en Florida evalúa aún una petición separada para desclasificar testimonios de jurados en una investigación anterior sobre Epstein.
Trump enfrenta demanda por ocultar archivos Epstein
La organización Democracy Forward Foundation demandó a la administración Trump por violar la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), al no responder solicitudes de acceso a comunicaciones entre la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y el FBI sobre Jeffrey Epstein.
La demanda, presentada en el Tribunal del Distrito de Columbia, exige liberar correos electrónicos, invitaciones de calendario y mensajes internos relacionados con revisiones de los archivos Epstein, incluyendo registros de comunicación entre Trump y el financiero desde 1990.
La acción legal llega en medio de creciente presión política; según CNN, el 9 de agosto la fiscal general Pam Bondi, el director del FBI Kash Patel y el vicepresidente JD Vance se reunieron en la Casa Blanca para diseñar una estrategia ante el escrutinio público.
Este movimiento ocurre tras la decisión del Departamento de Justicia del 7 de julio de no divulgar más material sobre Epstein, argumentando en un memorando no firmado que “una revisión sistémica reveló que no existe una ‘lista de clientes’ incriminatoria” y que “ninguna divulgación adicional sería apropiada”.
Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, declaró: “Trump prometió repetidamente liberar los archivos Epstein y sin embargo, continúan ocultándose del pueblo estadounidense. Lo único transparente en la administración Trump-Vance es cuán claramente continúan ignorando las leyes de nuestra nación”.
Agregó que las leyes de registros públicos “exigen que el gobierno produzca inmediatamente documentos importantes”, y pidió a la corte intervenir urgentemente.
La estrategia de “transparencia forzada” de Trump ha chocado con el poder judicial. El 23 de julio, la jueza federal Robin Rosenberg en Florida rechazó desclasificar testimonios del gran jurado sobre investigaciones a Epstein en 2005-2007, argumentando que no cumplía excepciones “extremadamente especiales” según la ley federal.
El 11 de agosto, el juez Paul Engelmayer en Manhattan denegó una solicitud similar sobre Ghislaine Maxwell, calificando la premisa gubernamental de “demostrablemente falsa”. Engelmayer señaló que los testimonios, de solo dos agentes no revelan cómplices, fuentes de riqueza ni detalles sobre la muerte de Epstein: “No hay ‘nada’ allí”.
Operaciones de distracción
Mientras los tribunales bloquean accesos, la administración ejecuta maniobras cuestionables: Entrevista a Maxwell: El fiscal general adjunto Todd Blanche —exabogado personal de Trump— interrogó a Maxwell en prisión, pero ningún detalle se hizo público.
Traslado privilegiado: Maxwell fue movida a una prisión de mínima seguridad en Texas, medida que víctimas consideran un “premio” por silencio.
Citatorios selectivos: El Comité de Supervisión de la Cámara, controlado por republicanos, emitió citaciones a los Clinton, pero pospuso la declaración de Maxwell programada para el 11 de agosto.
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El Departamento de Justicia reconoce que Epstein afectó a más de 1,000 víctimas, pero su tratamiento contrasta con la protección a poderosos.
Cuando el 23 de julio The Wall Street Journal reveló que Bondi informó a Trump sobre su aparición en los archivos Epstein, la Casa Blanca no aclaró el contexto. Mientras, víctimas exigen en cartas judiciales que se priorice justicia sobre política.
Con tres jueces rechazando desclasificaciones y una demanda que expone opacidad sistémica, la promesa de transparencia de Trump se desvanece. Como escribió Engelmayer: “El público concluiría que la moción para desellar apuntaba no a la ‘transparencia’ sino a la ilusión de tal”.
