Ricardo Reyes, director de VetsForward y Raquel Terán, ex legisladora participaron en la protesta contra la deportación de José Barco. FOTOS: Oscar Ramos / Prensa Arizona
Una coalición de líderes sociales y veteranos militares estadounidenses se congregó en protesta frente a las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Phoenix y condenaron la deportación del sargento José Barco, veterano condecorado de la guerra de Irak.
La manifestación reunió a veteranos, familiares y miembros de la comunidad, quienes calificaron lo ocurrido como una “profunda traición” hacia quienes vistieron el uniforme militar; Ricardo Reyes, director de VetsForward, lo denominó como una “desgracia nacional”.
Presente también estuvo Raquel Terán, ex legisladora y líder estatal del Partido Demócrata, así como del proyecto migrante Progress Arizona.
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Barco, quien sirvió dos períodos en Irak y recibió el Corazón Púrpura, fue deportado en las primeras horas del 14 de noviembre después de casi un año en centros de detención migratoria y su familia aún desconocía su paradero final.
El veterano, nacido en Venezuela pero residente en Estados Unidos desde los cuatro años, salvó a dos soldados atrapados en un vehículo humvee incendiado y durante ese rescate sufrió quemaduras graves y una lesión cerebral traumática.
En 2008 fue condenado por dos cargos de intento de homicidio y un cargo de amenaza tras disparar contra adolescentes en una fiesta; una bala alcanzó a Ginny Clemens, quien tenía diecinueve años y estaba embarazada.
Sus defensores argumentaron que una combinación de estrés postraumático, su lesión cerebral y problemas con el alcohol influyeron en sus acciones, Barco manifestó no tener memoria de lo sucedido aquel día.
Cumplió quince años de una sentencia de cincuenta y dos años, pero fue liberado el 21 de enero por buena conducta y ese mismo día, agentes migratorios lo esperaban para iniciar su proceso de deportación.
Lo transfirieron entre centros de detención en Colorado, Texas y finalmente el centro migratorio en Florence, Arizona; la incertidumbre sobre su destino prolongó su encarcelamiento, pues Venezuela rechazó aceptarlo al cuestionar su certificado de nacimiento.
Mientras Barco nació en Venezuela, sus padres eran exiliados cubanos y su familia buscó asilo en Estados Unidos cuando él era niño y su esposa manifestó temer por su seguridad si era deportado a cualquiera de esos países.
El representante estatal César Aguilar denunció frente a las oficinas de ICE el aumento de deportaciones de veteranos durante el gobierno actual; afirmó que “veterano deportado” no debería existir en una oración y que quien sirve al país merece ciudadanía.
Se estima que unos diez mil veteranos fueron deportados entre enero y junio, según una carta enviada al Departamento de Seguridad Nacional y durante el gobierno anterior, se consideraba el servicio militar en procesos migratorios, pero esta guía fue rescindida en abril.
Solo se requiere residencia para alistarse en las fuerzas armadas estadounidenses, aunque el servicio ofrece un camino hacia la ciudadanía; el oficial al mando de Barco escribió que lo ayudó a completar una solicitud de naturalización en 2006, pero el paquete se extravió.
Reyes culpó al gobierno por esa solicitud perdida y criticó que prohibieran mencionar su servicio militar en audiencias de deportación, un hombre que sangró y ardió por este país nunca pudo hablar sobre el servicio que como nación decimos honrar.
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Reyes, también veterano, calificó la expulsión de quienes sirvieron en el ejército como “escandalosa” y exigió su repatriación; es una puñalada por la espalda deportar a cualquier veterano, especialmente a uno que estuvo en peligro mientras otros se quedaban en casa.
La protesta sirvió como llamado urgente a las autoridades federales para que reconozcan la responsabilidad de cuidar a sus veteranos heridos; deportar a Barco no solo lo separa de su atención médica crucial y su familia, sino que ignora completamente su sacrificio por Estados Unidos.
