El Estatus de Protección Temporal es un beneficio humanitario que concede el Departamento de Seguridad Nacional; protege temporalmente de la deportación a nacionales de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. CORTESIA: Freepik
El fallo aplica para solicitantes de Honduras, Nicaragua y Nepal, protegiendo a 60,000 migrantes
Una jueza federal en California anuló la decisión de la administración Trump de terminar el Estatus de Protección Temporal para miles de migrantes; el fallo de la jueza Trina L. Thompson restaura las protecciones para aproximadamente 60,000 personas de Honduras, Nicaragua y Nepal.
La magistrada determinó que la terminación fue una decisión “predestinada” e ilegal, que no cumplió con los procedimientos establecidos en la ley.
El Estatus de Protección Temporal es un beneficio humanitario que concede el Departamento de Seguridad Nacional; protege temporalmente de la deportación a nacionales de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias.
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El programa otorga permisos de trabajo y autorización de viaje a quienes califican, pero no conduce por sí mismo a una residencia permanente.
La jueza Thompson dictaminó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no realizó la revisión objetiva de las condiciones en los países que exige la ley; en cambio, influyó en el proceso “para facilitar las terminaciones” de estos tres países.
El fallo también señaló que el gobierno redujo ilegalmente el período de transición estándar a solo 60 días.
La decisión fue celebrada por organizaciones de defensa de migrantes, que la calificaron de “gran alivio” para comunidades que ya enfrentaban penurias económicas; la orden judicial significa que los empleadores deben honrar los documentos de trabajo de estos beneficiarios y que es ilegal detenerlos o deportarlos por su estatus.
Un portavoz del DHS criticó el fallo, calificándolo como “otra orden sin ley y activista” que usurpa la autoridad presidencial.
Esta decisión ocurre en medio de un esfuerzo general de la administración por desmantelar la mayoría de las designaciones del TPS; el gobierno argumenta que el programa, diseñado como temporal, se ha extendido demasiado y atrae inmigración ilegal.
Recientemente, también se han terminado o se planea terminar las protecciones para países como Etiopía, Myanmar (Birmania), Sudán del Sur y Venezuela, entre otros.
Los beneficiarios afectados llevan décadas viviendo en Estados Unidos, muchos desde finales de los años 90; como Jhony Silva, un demandante hondureño que llegó a los tres años, muchos perdieron sus empleos y estudios debido a la terminación.
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Aunque el fallo restaura protecciones, las batallas legales continúan y la incertidumbre persiste para miles de familias con hijos ciudadanos estadounidenses.
El fallo judicial representa un triunfo significativo para los defensores de migrantes y las comunidades afectadas, subrayando la importancia del debido proceso; sin embargo, la pugna legal sobre el futuro del TPS y de sus beneficiarios está lejos de concluir.
La decisión enfatiza que las políticas migratorias, especialmente aquellas con profundo impacto humano, deben seguir estrictamente el marco legal establecido por el Congreso.
