La gobernadora Katie Hobbs aclaró su postura frente a las acusaciones republicanas de conflicto de interés. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
La gobernadora Katie Hobbs enfrenta un escenario político cada vez más tenso, mientras los líderes republicanos del Capitolio intensifican investigaciones y señalamientos que, según la mandataria, buscan minar su imagen de cara a la contienda electoral de 2026; el cúmulo de acusaciones sobre un supuesto esquema de “pago por acceso” o conflicto de interés, volvió a dominar el debate público esta semana, opacando sus mensajes sobre agua, energía verde y gestión estatal.
Hobbs insistió en que los ataques legislativos responden a motivaciones partidistas, señalando que “el río Colorado está al frente en este momento”, pero que las acusaciones son distracciones promovidas por adversarios políticos; la gobernadora reiteró que ya existen pesquisas formales y que espera sus resultados, afirmando que “esto no es más que un truco político de los republicanos legislativos”.
De hecho la Fiscal General de Arizonal, Kris Mayes confirmó que existe una investigación al respecto y no puede ahondar en el tema por esa razón.
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La controversia se centra en Sunshine Residential Homes, un proveedor de refugios grupales que recibió un aumento de tarifas cercano al 30% tras aportar más de 400 mil dólares a la toma de posesión de Hobbs y al Partido Demócrata; el criterio para otorgar ese incremento, así como los mensajes internos del Departamento de Seguridad Infantil, han sido usados por republicanos para elevar el conflicto a nivel estatal.
El presidente de la Cámara, Steve Montenegro, creó un equipo asesor integrado totalmente por republicanos para investigar el caso, asegurando que “los hechos reportados plantean serias preguntas que la Cámara no puede ignorar”.
Montenegro afirmó que el proceso buscará asegurar registros, hacer preguntas difíciles y cambiar la ley si es necesario, argumentando que las familias y los contribuyentes merecen un sistema “limpio, justo y enfocado en el cuidado, no en el acceso político o las donaciones”.
Estas acciones llegan cuando Hobbs inició su campaña de reelección y cuando nuevas encuestas la colocan en un empate técnico con varios aspirantes republicanos; el debilitamiento de su aprobación, ubicada por debajo del 40%, ha incentivado a sus opositores, quienes han intensificado los señalamientos aparentemente para capitalizar el momento político.
El senador T. J. Shope, uno de los más activos críticos de Hobbs, exigió actualizaciones a las fiscalías estatal y del condado, citando documentos internos que, según él, muestran presión política en la agencia; calificó las revelaciones como “profundamente inquietantes” y afirmó que cualquier influencia derivada de donaciones sobre decisiones que involucran a menores vulnerables “exige respuestas inmediatas”.
Shope recordó que su propuesta de ley para obligar a revelar donaciones de empresas que buscan contratos estatales fue vetada por Hobbs, quien entonces dijo que la medida era “un truco político, nada más”.
la gobernadora aseguró esta semana que examina nuevas propuestas para reforzar la transparencia y que “siempre ha hablado de más transparencia”, destacando que su análisis actual “no es un cambio de postura”.
Hobbs defendió que las contribuciones ya deben divulgarse, aunque reconoció que sus decisiones de aceptar grandes donaciones pueden generar incomodidad entre empleados públicos que deben manejar contratos.
La mandataria sostuvo que “siempre ha puesto a los arizonenses primero” y señaló que su próxima propuesta busca atender “incluso la percepción de influencia indebida”.
El presidente del Senado y aspirante a la fiscalía general de Arizona, Warren Petersen, elevó aún más el tono al señalar que impulsaría un juicio político si la Cámara aprueba una acusación contra Hobbs y la fiscal general Kris Mayes, afirmando que “no toleraremos la corrupción”.
Petersen dijo que, ante evidencia convincente, los demócratas moderados deberían apoyar un proceso que requiere dos tercios del Senado, una postura que actores demócratas consideran un intento de presión electoral disfrazado de deber constitucional.
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El congresista republicano y candidato a la gubernatura Andy Biggs también respaldó a los legisladores estatales, celebrando la investigación y planteando dudas sobre el incremento de tarifas otorgado a Sunshine Residential, señalando que los arizonenses necesitan confiar en que las decisiones sobre fondos públicos se toman por interés ciudadano y no por “el fondo de organizaciones que firman cheques de seis cifras”.
Hobbs, por su parte, insistió en que no participó en la decisión de aumentar tarifas a Sunshine y afirmó que “no sabía que estas decisiones se estaban tomando”; la mandataria evitó comentar detalles sobre legislación futura, pero aseguró que su administración trabaja para fortalecer la transparencia, mientras acusa a los republicanos de orquestar una campaña de ataques destinados a debilitarla políticamente antes de 2026.
