Fiscalía de Arizona cierra investigación contra gobernadora Hobbs por falta de evidencia de soborno; caso deja en evidencia vacíos legales en transparencia de donaciones de contratistas estatales. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
Determina Kris Mayes que hallazgos no sustentan los cargos de soborno o “pago de favores”
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, anunció este viernes 21 de agosto que su oficina no presentará cargos penales contra la gobernadora Katie Hobbs ni contra la empresa Sunshine Residential Homes, luego de una investigación de dos años que analizó más de un terabyte de datos y 100,000 documentos sin encontrar evidencia de un “pago de favores” que sustentara un cargo de soborno.
Sin embargo, el caso ha dejado en evidencia la necesidad de reformas legislativas para garantizar una mayor transparencia en las donaciones políticas realizadas por empresas que contratan con el estado.
La pesquisa se originó en junio de 2024, cuando el Arizona Republic reportó que Sunshine Residential Homes, un operador de hogares grupales para menores bajo custodia del estado, había donado aproximadamente 400 mil dólares al comité de inauguración de Hobbs y al Partido Demócrata de Arizona, para luego recibir un incremento del 30 por ciento en las tarifas que el Departamento de Seguridad Infantil (DCS, por sus siglas en inglés) le pagaba por cama, pasando de 149 a 195 dólares por día. La empresa fue la única, junto con otro proveedor, en obtener un aumento durante el periodo 2022-2023.
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Mayes detalló que su equipo realizó múltiples entrevistas y revisó registros de financiamiento de campañas, documentos de adquisiciones, registros bancarios y comunicaciones estatales, acumulando más de un terabyte de datos.
“La investigación no ha descubierto ninguna evidencia del quid pro quo necesario para sustentar un cargo de soborno”, declaró la fiscal general.
El informe de la fiscalía, elaborado por el jefe de la división penal, Nick Klingerman, concluyó que los aumentos de tarifas no fueron el resultado de un soborno, sino del “apalancamiento desproporcionado” que Sunshine ejercía sobre el DCS, pues la empresa proporcionaba servicios críticos que el estado necesitaba.
Sunshine incluso había amenazado con reducir el número de camas disponibles si no se incrementaban las tarifas.
Reacciones encontradas
La decisión de Mayes ha generado una fuerte reacción del Partido Republicano y el presidente del Senado, también candidato a Fiscal Genera, Warren Petersen, emitió un comunicado en el que acusó a Mayes de “arrastrar los pies” y de “negarse a responsabilizar a la gobernadora Katie Hobbs por sus acciones”, calificando el fallo como “predecible en una temporada electoral”.
Petersen también señaló que Sunshine Residential Homes realizó tres donaciones de 100 mil dólares al Partido Demócrata de Arizona durante el transcurso de la investigación.
La oficina de Hobbs, por su parte, celebró la conclusión del caso. Un portavoz declaró que “el informe publicado hoy establece claramente que no hubo irregularidades por parte de la gobernadora o su oficina”.
La necesidad de reformas legislativas
Mayes advirtió que el caso evidencia la necesidad de reformas legislativas para garantizar una mayor transparencia en las donaciones políticas realizadas por contratistas estatales.
“La Legislatura y el gobernador tienen el poder de garantizar una mayor transparencia con respecto a las donaciones políticas realizadas por contratistas estatales. Los insto a que trabajen juntos y vuelvan a intentar aprobar una legislación que lo haga”, declaró la fiscal.
Hobbs ha vetado en dos ocasiones proyectos de ley presentados por el senador T.J. Shope que habrían exigido a los contratistas estatales revelar las donaciones políticas realizadas en los cinco años anteriores a la gobernadora y a sus comités políticos.
La gobernadora argumentó que las medidas no incluían otras reformas que ella buscaba, mientras que sus críticos señalaron que era una excusa para evitar la transparencia.
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A pesar del cierre de la investigación penal, el caso aún enfrenta escrutinio por parte de la fiscal del condado de Maricopa, Rachel Mitchell, y del auditor general del estado, cuyas investigaciones continúan en curso.
La decisión de Mayes, tomada a menos de tres meses de las elecciones de medio término, deja abierto el debate sobre la confianza en las instituciones y la transparencia gubernamental en Arizona.
