Katie Hobbs, gobernadora de Arizona, ha insistido en que los republicanos presenten su plan presupuestario públicamente, pero hasta el momento no ha ocurrido. CORTESIA: Governor Katie Hobbs / Facebook
La gobernadora Katie Hobbs suspendió las negociaciones presupuestarias el pasado fin de semana pasado, acusando a los legisladores republicanos de “no ser serios” y negarse a discutir la renovación de la Proposición 123.
Los líderes republicanos del Senado y la Cámara, Warren Petersen y Steve Montenegro, respondieron calificando la decisión como una “rabieta” y acusaron a Hobbs de “distorsionar los hechos” en un año electoral donde la gobernadora busca la reelección en noviembre.
En el centro del conflicto está la renovación de la Proposición 123, que durante una década aportó 300 millones de dólares anuales a las escuelas públicas antes de expirar en junio de 2025.
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Hobbs ha insistido en que los republicanos presenten su plan presupuestario públicamente, pero según su portavoz Christian Slater, “se han negado rotundamente a considerar una medida de remisión electoral para la Prop 123”.
El enfrentamiento ha escalado con acusaciones cruzadas, Slater señaló que los republicanos están siguiendo los deseos del senador Jake Hoffman, acusado de ser un “falso elector” y líder del grupo conservador Freedom Caucus, quien escribió en la red social X.
“Si los republicanos deciden rendirse en la 123, estarán efectivamente financiando la campaña de reelección de Hobbs”.
Hoffman, quien ha impulsado legislación para penalizar a educadores, se ha convertido en una figura polarizante en las negociaciones.
Los republicanos, por su parte, rechazan las críticas, Petersen y Montenegro afirmaron que Hobbs propuso aumentar la tasa de distribución del Fondo Fiduciario de Tierras del 6.9% al 10.9%, lo que calificaron como un “allanamiento a largo plazo” que dejaría el fideicomiso en bancarrota en 20 años, reduciéndolo de 9,700 a 4,700 millones de dólares
“La gobernadora quiere drenar un fondo educativo protegido por los votantes, acumular 1,500 millones en nueva deuda y basarse en números que simplemente no cuadran”, sentenciaron.
Mientras Hobbs exige que los recortes fiscales beneficien a la clase media, los republicanos insisten en una conformidad total con los cambios impositivos federales de la “Ley Hermosa” de Donald Trump.
La diferencia entre ambos planes asciende a unos 150 millones de dólares anuales, según el Comité Conjunto de Presupuesto Legislativo. Los demócratas legislativos Priya Sundareshan y Óscar De Los Santos acusaron a los republicanos de “traicionar a las familias de Arizona que eligen las escuelas públicas” al negarse a negociar.
La fecha límite para aprobar el presupuesto es el 30 de junio, y si no se alcanza un acuerdo, el gobierno estatal enfrentaría un cierre que afectaría servicios esenciales; el año pasado, cuando los legisladores no lograron un plan para enviar la continuación de la Prop 123 a los votantes, utilizaron el fondo general para llenar el vacío, pero no hay garantía de que repitan esa medida.
En sus declaraciones, ambos lados se acusan mutuamente de jugar juegos políticos. Slater calificó la estrategia de los republicanos como “el colmo de la política partidista imprudente e irresponsable”.
Petersen y Montenegro, en cambio, afirmaron que “una rabieta no equilibrará el presupuesto, y no es liderazgo depender de los votantes para aprobar los fondos que necesitamos después de los hechos”.
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La disputa refleja las tensiones habituales de un año electoral, agravadas por los recortes federales y las prioridades divergentes entre la gobernadora demócrata y la Legislatura controlada por los republicanos.
Mientras Hobbs promueve un presupuesto que “reduce costos, invierte más de 1,500 millones en educación pública y recorta impuestos para la clase media”, los líderes republicanos advierten que su plan “pone en riesgo la estabilidad a largo plazo del estado”.
