Kilmar Ábrego García, un salvadoreño con residencia legal en Maryland, fue enviado a CECOT pese a una orden judicial que lo protegía. Foto: Cortesía / Familia Ábrego
Un juez federal declaró este miércoles a la administración Trump en desacato criminal por ignorar una orden de frenar deportaciones a El Salvador, intensificando un choque histórico entre el poder judicial y el ejecutivo. James E. Boasberg, magistrado del Distrito de Columbia, advirtió con procesos penales si el gobierno no rectifica su desobediencia “deliberada”.
Boasberg, nominado por Barack Obama, ordenó detener vuelos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 usada por Trump para deportar a migrantes hacia la cárcel salvadoreña CECOT, como el caso de Kilmar Ábrego García. Pese a la orden, aviones con deportados partieron. Cuando el juez exigió su retorno, la Casa Blanca alegó que la directiva “no estaba formalizada por escrito” y horas después, los deportados aterrizaban en El Salvador.
“Ni la prisa ni el poder eximen del cumplimiento de la ley”, escribió Boasberg, subrayando que los funcionarios juraron defender la Constitución. El presidente Nayib Bukele burló la decisión en redes con un: “Oopsie… Muy tarde”.
Te puede interesar: Suprema Corte ordena facilitar regreso de salvadoreño deportado ’por error’
El rostro de un sistema roto
En paralelo, la jueza Paula Xinis ordenó una investigación exprés sobre la deportación de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño con residencia legal en Maryland, enviado a CECOT pese a una orden judicial que lo protegía. “No se ha hecho nada para corregir esto”, denunció Xinis, exigiendo declaraciones bajo juramento de altos funcionarios.
Abrego García, acusado sin pruebas de vínculos con la MS-13, permanece en una prisión denunciada por hacinamiento y torturas. Su esposa, Jennifer Vásquez, describe el drama familiar: tres hijos con necesidades especiales añorando a su padre. “Ellos no entienden por qué se lo llevaron”, relata.
Aunque la Corte Suprema ordenó el retorno de Kilmar Ábrego García, El Salvador se niega: “¿Cómo voy a introducir a un terrorista?”, ironizó Bukele durante su visita a la Casa Blanca.
En otro frente, la jueza Charlotte Sweeney bloqueó en Colorado deportaciones basadas en la misma ley de 1798 —último uso registrado durante el internamiento de japoneses-estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial—. Protegió a venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua, grupo designado como terrorista por Trump. La ACLU, representando a dos detenidos, argumentó falta de pruebas y riesgo de persecución.
“Bajo el pretexto de seguridad, están borrando garantías legales”, señaló un abogado de la ACLU. La administración insiste en que su estrategia responde a una “invasión” de crimen organizado, pero críticos denuncian que las deportaciones exprés evitan revisiones judiciales.
Senadores demócratas acusan en una carta a Trump de usar una “agenda de deportaciones masivas” que ignora derechos básicos. “Cuando hay errores, no basta con encogerse de hombros”, exigen. Mientras, el reloj corre para familias separadas y jueces que intentan contener una maquinaria política.
Para Boasberg, el desacato no es solo simbólico: sienta un precedente sobre los límites del poder presidencial. “Nadie, ni siquiera el Presidente, está por encima de una orden judicial”, subrayó.
¡Únete a nuestro canal de Facebook! Entérate primero que nadie de las noticias
Crisis constitucional
Los casos de Maryland y Colorado podrían redefinir el equilibrio de poderes en el país, mientras Trump promete intensificar deportaciones, las cortes insisten en que el miedo no justifica violar la Constitución. Para abogados como los de Ábrego García, la batalla es clara: “No es solo legal, es una cuestión de humanidad”.
En un país donde la retórica antiinmigrante choca con el imperio de la ley, la pregunta persiste: ¿Podrán los jueces ser el último muro ante un ejecutivo decidido a reescribir las reglas? Por ahora, la respuesta depende de cuánto esté dispuesto a ceder un presidente que prefiere pedir perdón, jamás permiso.
