Magistrada identificó lo que parece ser un patrón de mala fe por parte del gobierno en el caso de Kílmar Ábrego García. Foto: Cortesía / @28amberSmith
Un juez federal ordenó la liberación inmediata de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al no encontrar autoridad legal para su deportación continua.
La jueza Paula Xinis determinó que el ICE no pudo presentar la “orden final de deportación” requerida, forzando la conclusión de que tal documento no existe; sin él, la detención carece de fundamento legal, representando un revés significativo para las autoridades migratorias.
El caso de Kilmar Ábrego García se remonta a marzo, cuando fue arrestado en Maryland y deportado a una prisión en El Salvador; esta acción violó una orden judicial de 2019 que prohibía su deportación a ese país, pues un juez de inmigración determinó que enfrentaría probable violencia pandilleril.
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Tras una demanda por su deportación ilegal, la jueza Xinis ordenó su retorno a Estados Unidos, una decisión respaldada en gran medida por la Corte Suprema; las autoridades lo repatriaron en junio, pero simultáneamente obtuvieron una acusación por tráfico de personas en su contra.
Funcionarios de la administración Trump han acusado repetidamente a Ábrego de pertenecer a la violenta pandilla MS-13; sin embargo, varios jueces han cuestionado la escasez de pruebas concretas para sustentar estas afirmaciones públicas.
Kilmar Ábrego García, quien entró ilegalmente a Estados Unidos alrededor de 2011 siendo adolescente, ha negado consistentemente cualquier vínculo con la pandilla y su caso se ha convertido en un símbolo de lo que críticos denominan una “carrera apresurada y desorganizada de deportaciones masivas”.
La jueza Xinis identificó lo que parecía ser un patrón de mala fe por parte del gobierno y señaló que las autoridades persistieron en negar a Costa Rica como opción viable de deportación, a pesar de indicaciones contrarias de ese gobierno.
En su lugar, sugirieron enviarlo a varias naciones africanas, incluidos Liberia y Uganda, que nunca aceptaron recibirlo; “cualquier propósito que hubiera detrás de su detención, no era el ‘propósito básico’ de una remoción oportuna a un tercer país”, escribió Xinis.
La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, condenó la orden como “activismo judicial de una jueza nombrada por Obama”, prometiendo que la administración “continuará luchando con uñas y dientes en los tribunales”.
Esta retórica refleja la confrontación continua entre el poder ejecutivo y el judicial sobre los límites de la autoridad migratoria.
El caso subraya problemas sistémicos más amplios documentados por cortes federales; jueces han descrito repetidamente abusos, violaciones al debido proceso, condiciones aborrecibles en centros de detención y deportaciones erróneas.
La lucha legal de Kilmar Ábrego García resalta la vulnerabilidad procesal de los detenidos, incluso cuando existen órdenes previas de protección.
Abrego ha expresado su disposición a aceptar la deportación a Costa Rica, donde sería recibido como refugiado; esta opción, sin embargo, ha sido ignorada sistemáticamente por las autoridades estadounidenses en favor de una búsqueda aparentemente punitiva.
Los cargos federales por tráfico de personas que enfrenta en Tennessee también están bajo escrutinio, pues otro juez federal encontró motivos para creer que la acusación tuvo un “motivo vindicativo”.
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La orden de liberación de Xinis es más que una victoria legal individual; es un recordatorio de que el poder ejecutivo, sin importar su retórica, está sujeto al estado de derecho.
Mientras Ábrego recupera su libertad condicional, su batalla judicial continúa, encarnando las tensiones profundas entre seguridad nacional, procedimiento legal y derechos humanos en la política migratoria estadounidense contemporánea.
