Los llamados “electores falsos” republicanos que intentaron alterar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. CORTESIA: Arizona GOP
Un nuevo capítulo judicial se desarrolla en Arizona mientras su fiscal general, Kris Mayes, apela ante la Corte Suprema estatal para reactivar el caso contra los llamados “electores falsos” que intentaron alterar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.
La apelación busca revocar la decisión de un juez de primera instancia que detuvo el proceso, marcando un punto crítico en uno de los varios casos estatales que aún buscan rendir cuentas por los esfuerzos para revertir los resultados electorales.
La fiscal general Mayes argumenta que su deber es hacer cumplir la ley y proteger a los ciudadanos de Arizona, enfatizando que “no hay nada más importante que hacer cumplir el estado de derecho”.
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En su recurso, sostiene que la Ley de Recuento Electoral de 1887, una ley federal que establece el procedimiento para que el Congreso certifique los votos electorales, no protege a los acusados de los cargos estatales que enfrentan.
Mayes advierte que la decisión del juez Sam Myers, quien ordenó devolver el caso al gran jurado, podría sentar un precedente negativo para futuros casos al someter a los fiscales a un “segundo cuestionario posterior a los hechos” sobre las instrucciones dadas a los jurados.
El caso se centra en las acciones de dieciocho personas, entre ellos once republicanos de Arizona y aliados del entnce expresidente Donald Trump, como Rudolph Giuliani y Mark Meadows, acusados de participar en un esquema para anular la voluntad de los votantes.
Según la acusación, estos individuos conspiraron para que se presentara ante el Congreso un documento fraudulento que asignaba los votos electorales de Arizona a Trump, a pesar de que Joe Biden ganó en el estado por más de 10,000 votos.
Entre los acusados se encuentran figuras políticas locales como el senador estatal Jake Hoffman y el exsenador Anthony Kern.
La defensa de los acusados sostiene que sus acciones estaban amparadas por la Ley de Recuento Electoral de 1887, sin embargo, la fiscal general contradice esta postura en su apelación.
Mayes afirma que presentar esta ley federal compleja al gran jurado sería “engañoso como mínimo”, ya que equivale a pedirles que determinen si la interpretación legal de los acusados es correcta, una función que corresponde al poder judicial y no a los jurados.
Este caso de Arizona se enmarca en un esfuerzo legal más amplio a nivel nacional, con procesos similares aún en curso en estados como Nevada y Wisconsin, mientras que otros en Michigan y Georgia han enfrentado obstáculos significativos.
Recientemente, el presidente Trump emitió indultos federales para personas vinculadas a estos esfuerzos, pero estos indultos no tienen jurisdicción sobre los cargos penales estatales, como los que enfrentan los acusados en Arizona.
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El futuro del caso ahora depende de la Corte Suprema de Arizona, que decidirá en las próximas semanas si admite la apelación de la fiscal general Mayes.
Si los jueces deciden no tomar el caso, la orden de reenviarlo al gran jurado se mantendrá, lo que dejaría a Mayes con la opción de abandonar los cargos o comenzar de nuevo con un nuevo gran jurado.
Esta decisión será crucial para determinar si los acusados enfrentan un juicio o si el caso legado de las elecciones de 2020 en Arizona llega a su fin de manera anticipada.
