La Fiscal de Arizona, Kris Mayes, insta a legislatura estatal a aprobar fondos a afectados por política de aranceles. Foto: Oscar Ramos / Prensa Arizona
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, pidió a los legisladores estatales aprobar apoyos financieros para los pequeños negocios afectados por los aranceles impuestos por la administración Trump, mientras escuchaba a empresarios locales durante una mesa redonda del Better Business Bureau en Phoenix, donde se detallaron pérdidas crecientes y efectos en cadena que están golpeando a la economía familiar.
Mayes explicó que estos aranceles, actualmente bajo revisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, podrían ser declarados ilegales; la funcionaria se mostró optimista, ya que los jueces dieron señales recientes que sugieren un revés para la política arancelaria de Trump, lo que abriría la puerta a revertir los cargos y reembolsar a los afectados.
El contratista Ken Nicholson, de Ruiz and Nicholson Construction, relató que sus costos suben constantemente y que sus clientes se niegan a cubrir los incrementos; “cada vez que volteo, mis precios están subiendo”, afirmó, mientras aclaró que sus clientes insisten en respetar los presupuestos previos y que, por ello, él “está perdiendo dinero en cada trabajo”.
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Nicholson dijo que pierde alrededor de 110 mil dólares en un solo proyecto y que ahora debe incluir un “colchón de aranceles” para sobrevivir, lo que dificulta que compradores de ingresos modestos puedan adquirir una vivienda; “los aranceles hacen que sea más difícil para la gente pequeña”, señaló, precisando que las grandes compañías pueden absorber mejor el impacto.
La incertidumbre lo ha obligado a almacenar materiales en su garaje y en unidades de almacenamiento, tratando de anticiparse a aumentos repentinos; cuestionó cómo puede presupuestar un proyecto sin saber el arancel que aplicará en dos semanas, situación que deriva en precios altos y pérdida de competitividad local, además de demoras que se extienden hasta seis semanas por la escasez de paneles eléctricos, mezclas de concreto y otros componentes esenciales.
Nicholson expuso que incluso una casa que intentaba construir para una maestra se volvió inviable bajo los costos actuales y advirtió que, si los aranceles continúan uno o dos años más, muchos negocios familiares cerrarán.
“Al final, el consumidor tendrá que pagar el precio”, dijo, mientras Mayes tomaba nota de cada afectación.
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Kara Holt, especialista en comunidades para mayores de 55 años, agregó que sus clientes también sufren el impacto; relató el caso de una mujer con ingresos fijos que debía reemplazar su calefactor, cuyo costo pasó de tres mil dólares a más de cinco mil 200, una cifra imposible para ella; “y ella no tiene ese tipo de dinero”, dijo, explicando que la mujer usa calentadores portátiles mientras espera un programa de apoyo estatal con una larga lista de espera.
Mayes resaltó que los empresarios deben presionar a los legisladores para crear alivios económicos en la próxima sesión de enero; pidió que “pongan su dinero donde está su boca”, recordando que muchos de ellos se declaran pro empresarios y que ahora deben demostrarlo.
La fiscal señaló que el estado debe implementar un sistema para registrar a negocios y consumidores que pagan costos más altos por los aranceles, precisando que esa información será crucial para reembolsarlos si la Corte Suprema determina que las tarifas fueron impuestas ilegalmente.
