La diputada Analise Ortiz durante su intervención en la reunión trimestral del monitor federal a la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa. SCREENSHOTS: Maricopa County
Monitoreo del Sheriff de Maricopa enfrenta a MAGA y defensores de derechos
Doce años después del histórico fallo por perfil racial contra la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa (MCSO, por sus siglas en inglés), una nueva batalla divide a Arizona: legisladores afines a Donald Trump y el actual sheriff Jerry Sheridan exigen terminar la supervisión federal que ha costado $352 millones a los contribuyentes, mientras grupos pro inmigrantes denuncian que el legado racista de Joe Arpaio persiste.
La tensión en la reciente reunión trimestral del monitor federal degeneró en un enfrentamiento político, cuando partidarios de Sheridan, incluidos grupos de ultra derecha MAGA, abarrotaron el auditorio para exigir el fin de lo que llaman “gasto innecesario”, mientras miembros del Community Advisory Board (CAB) denunciaron ataques racistas contra asistentes latinos, incluidos gritos de “Esto es Estados Unidos, hablen inglés” y “¡Regresen a México!”
El origen se remonta a 2013, cuando el juez federal G. Murray Snow determinó que el entonces sheriff Joe Arpaio había ordenado redadas que perfilaban racialmente a latinos bajo la ley SB1070.
Arpaio fue hallado culpable de desacato criminal en 2017 por ignorar una orden judicial de 2011 que le prohibía detener personas basándose únicamente en su apariencia étnica.
Pese a enfrentar hasta seis meses de cárcel, fue perdonado por Donald Trump en su primera adminstración, quien lo llamó “patriota americano”.
Hoy, con Sheridan, ex subjefe de Arpaio, como sheriff, grupos pro inmigrantes señalan una peligrosa continuidad: “Sheridan era la mano derecha de Arpaio y es igualmente responsable”, declaró la representante estatal Analise Ortiz.
El argumento conservador
La presión para eliminar el monitoreo se centra en dos cifras:
$352 millones: Costo total proyectado para mediados de 2026, incluyendo $289 millones en reformas internas, $36 millones para monitores federales y $23 millones en gastos legales.
17 segundos: Diferencia promedio en la duración de las paradas vehiculares a hispanos frente a otros conductores, único indicador pendiente de las 13 metas fijadas por el juez Snow.
Legisladores republicanos y Thomas Galvin, presidente de la Junta de Supervisores del condado, califican el gasto de “escandaloso” y exigen su fin: “¿Por qué debemos seguir haciendo esto?”
Activistas conservadores argumentan que la disparidad temporal se debe a barreras idiomáticas, no a discriminación: “Cuando existe una barrera de idioma, las conversaciones naturalmente toman más tiempo. No es racismo, es respeto”, declaró una asistente a la reunión de julio.
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“El perfil racial nunca debió existir”
Para organizaciones como la ACLU y líderes latinos, los costos son consecuencia directa de las políticas de Arpaio, no del monitoreo.
Salvador Reza, fundador de los Comités de Defensa del Barrio, recuerda que la SB1070 fue un “laboratorio de racismo” donde “los alguaciles detenían a latinos 5-10 minutos más que a blancos”.
Pese a los avances, estudios recientes revelan que agentes aún tratan “de manera diferenciada” a conductores hispanos y afroamericanos.
El incidente del 16 de julio reforzó las sospechas de sesgo institucional. Sylvia Herrera del CAB testimonia que partidarios de Sheridan “interrumpían al intérprete en español con comentarios despectivos”, mientras Raúl Piña, miembro de la junta asesora, advierte: “El gran pilar, el perfil racial, continúa. Si no abrazas los problemas de fondo, el monitoreo no desaparece”.
Jerry Sheridan, quien busca terminar la supervisión antes de 2026, enfrenta acusaciones de doble discurso. Aunque presume avances, el backlog de quejas internas bajó de 2,100 en 2022 a 939 en 2025, grupos proinmigrantes le recuerdan su pasado
Como subjefe de Arpaio, coordinó las “redadas masivas” entre 2008-2011 que detuvieron a miles basados en su etnia; Salvador Reza lo acusa de usar tácticas dilatorias: “En lugar de eliminar el perfil racial, gasta $28 millones en salarios de sus alguaciles”.
Leyes estatales y elecciones
La pugna ocurre mientras Arizona revive políticas antiinmigrantes como la proposición 314 aprobada por los votantes que permite a funcionarios locales detener y deportar migrantes, y la HB 2696 —impulsada por legisladores pro-Trump— criminaliza dar “un aventón” a indocumentados.
Para Analise Ortiz, esto confirma que “la SB1070 se calmó, pero no se quitó”.
Con las elecciones de medio término en el horizonte, el financiamiento récord a ICE ($75 mil millones) y el llamado de Trump a la “mayor deportación de la historia”, el condado de Maricopa se ha convertido en un microcosmos de la batalla nacional entre memoria histórica y pragmatismo fiscal.
Como resume Piña: “Los contribuyentes pagan $352 millones no por el monitoreo, sino por el racismo que Arpaio institucionalizó y que Sheridan y previamente Paul Penzone no erradicaron”.
Mientras, víctimas como Manuel Nieto Jr. —demandante en el caso Melendres, detenido por escuchar “música en español”— esperan que la justicia, aunque tardía, no sea otra forma de impunidad.
