La nueva realidad migratoria

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Gustavo Guirado / Conecta Arizona

El abogado Ezequiel Hernández, especialista en inmigración, en declaraciones a Conecta Arizona, aclaró algunas realidades sobre la nueva política migratoria de la administración Biden e igualmente desmintió mitos y versiones que días atrás circularon por redes sociales.

¿Quiénes son deportables?

Ningún extranjero puede ser deportado solo por ser indocumentado. Desde el 29 de noviembre ningún inmigrante indocumentado (no ciudadano) puede ser deportado por no tener papeles de permanencia legal en Estados Unidos, por lo que –analizó Hernández- “cambió esa prioridad de tolerancia cero” que se observó durante la Administración Trump. La nueva disposición, según el abogado, se enfoca en tres prioridades para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE):

a) Personas involucradas en terrorismo. “Son las personas que no son ciudadanas, sean documentadas o indocumentadas, que están envueltas en terrorismo, espionaje. EL 99.9 por ciento de la gente que está trabajando indocumentada en Estados Unidos no está en esa prioridad”, señaló.

b) Personas que representan una amenaza a la seguridad pública. “Es donde hay mucha más gente y son quienes tienen una amenaza a la seguridad pública, típicamente son las que han tenido en el pasado o tienen seria conducta criminal. Las personas que no tienen crímenes no están en esa prioridad, pero también les pide a los oficiales de Inmigración que tienen que considerar que esa conducta criminal sea seria. ¿Qué quiere decir ‘serio’? Algo serio es por ejemplo robo a mano armada, asalto agravado con violencia doméstica, una violación, transporte de armas, cualquier tipo de ventas o delitos con drogas. Esos casos van a ser conducta seria criminal. Puedo argumentar que hasta un DUI (Driving Under the Influence) no está en el marco de una conducta seria criminal si el DUI ya lleva tiempo que fue cometido”, explicó Hernández.

c) Personas que piden asilo en la frontera. “Son quienes llegan a las fronteras de Estados Unidos y piden asilo, o que son detenidas cuando están cruzando a Estados Unidos”, precisó Hernández. Los pedidos de asilo solo lo pueden realizar quienes puedan comprobar que corren riesgo en sus países de origen porque son perseguidos por alguna de estas cinco razones: políticamente, por religión, nacionalidad, raza o porque son miembros de un grupo específico. La crisis económica y la pobreza no califican como razones para solicitar asilo.

No más separación familiar

Las mamás embarazadas y las mujeres que están lactando ya no pueden ser detenidas. “Ya no podían hacer eso; separaron a las familias desde que entró el Presidente Biden y la separación ya no se podía hacer. En términos de este dictamen, a las personas que específicamente dice son personas que no son prioridad. Aunque pienses que las tengas que detener tienes que tomar en cuenta: si está embarazada, su edad, si la detención o el arresto va a tener un impacto en la vida cotidiana de otras personas, como hijos, esposos, los que dan el cuidado a una persona mayor. Ese tipo de cosas es lo que tiene que tomar en cuenta el oficial de Inmigración, en este caso de ICE, para poder poner a la persona en proceso de deportación. Y eso incluye a personas que estén embarazadas”, explicó Hernández.

¿Cómo van las deportaciones?

la situación en la Administración Biden, luego de altos índices de deportación de sus predecesores Trump y Obama. El abogado Hernández señaló, en este sentido, que el 2 de diciembre Estados Unidos y México comenzaron a implementar nuevamente el programa MPP (Protocolos de Protección a Migrantes), por el que Estados Unidos devuelve a México inmigrantes de otros países mientras continúan en Estados Unidos los trámites de deportación.

“En términos de ese programa seguimos igual. No sé por qué México acepta, tendrá sus razones, pero acepta. Hay un memorándum con reglas específicas. Algunas cosas no cambiaron. Lo más importante con este memorándum, hablando sobre las prioridades, es que todavía falta que le hagan caso al Presidente Biden, que realmente sigan sus directrices: ahí vamos a ver qué tipo de liderazgo tiene el Presidente”, analizó.

Quienes cuestionan la política de deportación de Biden pretenden restablecer la política migratoria de ‘tolerancia cero’” aplicada por la Administración Trump, que criminalizó la permanencia de inmigrantes indocumentados. La política de deportación de Biden fue rechazada en agosto pasado por un juez de distrito de Texas (ante una demanda de los estados de Luisiana y Texas), pero en septiembre la Corte de Apelaciones del 5to Circuito respaldó al gobierno federal.

“Quédate en México”

El abogado Hernández explicó que, con las nuevas medidas, México solicita a Estados Unidos que acelere las audiencias para determinar si otorga o no asilo a los inmigrantes (en su mayoría de países centroamericanos) que lo solicitan en la frontera y que deben esperar, del lado mexicano, la resolución de sus casos en las Cortes estadounidenses. Se trata exclusivamente de pedidos de asilo, es decir que no tienen relación con visas de turista o de trabajo, ni beneficiarios de otro programa federal que permita la entrada legal a Estados Unidos.

“Una de las correcciones que hicieron ahora es que México le pide a Estados Unidos que tiene que hacer las audiencias más rápidas; entonces están construyendo Cortes móviles en carpas en la frontera. También México pide que las personas que estén en este programa en México puedan tener contacto con ayuda legal, información clara para saber dónde y cuándo tienen sus Cortes, porque eso fue un problema muy grave. Y también le pide México el transporte hacia la frontera cuando les toque sus Cortes. Todo eso se supone que (Estados Unidos) tiene que implementarlo”, enumeró.

El especialista en inmigración recordó su propia experiencia al recorrer, en la frontera del lado mexicano, “las carpas en los albergues y toda la gente amontonada tratando de saber dónde o cuándo le toca la Corte (que resolvería su pedido de asilo)”. “Eso se supone que tiene que cambiar”, dijo Hernández, y confirmó que hasta ahora la resolución de los casos duraba “meses y años”, tiempo que los inmigrantes deben esperar en México, con las consecuencias sociales y económicas que ello supone para las ciudades limítrofes con Estados Unidos.

Según datos del sitio Trac Immigration, hasta julio de 2021 esperaban en México más de 23,000 hondureños (el grupo más numeroso), casi 16 mil guatemaltecos y más de 11 mil cubanos, seguidos en cantidad por migrantes de El Salvador, Ecuador (casi 6 mil), Venezuela, Nicaragua, Brasil, Perú, Colombia, República Dominicana, el mismo México, Costa Rica y Chile, entre otros.

A ellos se suman miles de personas más que, a lo largo de México y para llegar de algún modo a la frontera con Estados Unidos, vienen marchando en caravanas migrantes desde los países de Centroamérica o aún de América del Sur, como es el caso de los venezolanos. La mayoría de estos inmigrantes, además, llegan desinformados a la frontera de Estados Unidos y México desde que salieron de sus países de origen y atravesaron Guatemala y México con una idea falsa de que van a llegar a la frontera y se les permitirá el ingreso a territorio estadounidense.

En varios casos, además, las autoridades fronterizas estadounidenses invocan el llamado Título 42 para impedirles el ingreso: creada por el Presidente Trump en 2020, esta iniciativa permite a los oficiales fronterizos expulsar a los migrantes que intentan ingresar a través de México por considerar que potencialmente representan un riesgo para la salud pública debido al coronavirus. Esto fue confirmado por Hernández, quien dijo que “el Título 42 sigue vigente”.

¿Qué pasa con los soñadores?

El abogado Hernández afirmó que, en la disputa en las Cortes en relación a la legalidad o no del programa de Acción Diferida para los Llegados de la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), la más reciente novedad en el proceso es que “se terminó el tiempo que se tiene para lo que se llama coments and review, el comentario y el reviso de lo que se necesita para hacer las enmiendas del programa de DACA, que se necesitaban para poder tener el programa DACA por parte del Presidente Biden y seguirlo”.

“Texas demandó al gobierno federal y ese esencialmente fue su argumento. El mismo argumento que hicieron al Presidente Trump, que lo terminó muy pronto, esencialmente se lo dieron al Presidente Biden, diciéndole que lo empezó muy pronto, que lo reabrió muy pronto”, señaló el abogado experto en inmigración.

Se refirió así al fallo del juez federal Andrew Hanen, de Texas, que en julio pasado dictaminó que el programa DACA es ilegal, aunque en septiembre la Administración Biden apeló el fallo de la iniciativa creada por la Administración Obama en 2012. “Lo que busca la Administración Biden es esencialmente quitarle ese argumento y que las Cortes le digan ‘ok, ya lo compuse, aquí está, observé lo que dice la ley y a ver si desechan esa demanda’”, agregó Hernández.

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