El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ha denunciado los ataques de Estados Unidos como “ejecuciones seriales”. CORTESIA: Nicolás Maduro / Facebook
Evidencia física contradice la narrativa oficial de la campaña militar en contra de Venezuela
Los restos calcinados de una embarcación y dos cuerpos mutilados llegaron a una remota playa de la península colombiana de La Guajira el 8 de noviembre y estos vestigios, analizados por The New York Times, constituyen la primera prueba física independiente de los ataques aéreos estadounidenses en la región.
La evidencia encontrada incluía decenas de paquetes de plástico vacíos y, en el forro de algunos, restos de una sustancia que parecía y olía a marihuana, según la investigación periodística.
Estos restos corresponden a la “Operación Lanza del Sur”, una campaña militar iniciada por Estados Unidos en septiembre de 2025 y el gobierno del presidente Donald Trump justifica los ataques como una misión para combatir a “narcoterroristas” que envían fentanilo y otras drogas hacia su país.
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Hasta el 29 de diciembre, esta ofensiva ha destruido al menos 31 embarcaciones y ha resultado en la muerte de más de 100 personas en el Caribe y el Pacífico oriental, según cifras de la administración y reportes de prensa.
Pero la evidencia física hallada en Colombia contradice directamente la justificación central de la campaña; mientras la administración Trump alega que ataca cargamentos letales de fentanilo con destino a Estados Unidos, los restos solo sugerían transporte de marihuana a pequeña escala.
Expertos en tráfico de drogas regional señalaron que este patrón es típico de operaciones menores y comunitarias, no de grandes cárteles y además, en reuniones clasificadas, altos funcionarios admitieron ante legisladores que sabían que algunas embarcaciones tenían como destino Europa, no Estados Unidos.
Frente a las crecientes preguntas, los secretarios de Defensa, Pete Hegseth, y de Estado, Marco Rubio, comparecieron ante el Senado en diciembre; lo hicieron tras fuertes presiones de los demócratas, quienes acusaron a la administración de llevar a cabo “acciones imprudentes y deshonestas”.
Hegseth se ha negado a hacer público el video completo de un polémico ataque del 2 de septiembre, donde murieron dos supervivientes de un primer bombardeo, argumentando que es material “ultrasecreto”.
La campaña se ha expandido geográfica y tácticamente; en diciembre, Trump afirmó que EE.UU. destruyó “una gran instalación” en suelo venezolano, lo que marcaría el primer ataque terrestre conocido.
Este movimiento, junto con un masivo despliegue naval y un bloqueo a petroleros, ha llevado a analistas y al gobierno venezolano a argumentar que el verdadero objetivo es un cambio de régimen en Caracas.
El presidente Nicolás Maduro ha denunciado los ataques como “ejecuciones seriales”.
En La Guajira, el impacto ha sido brutal y el Estado ausente y el inspector policial wayú, Aristótele Palmar, describió haber enterrado los cuerpos en la playa con ayuda de pescadores, colocando cactus sobre las tumbas para que los perros no los desenterraran.
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“La lancha olía a carne quemada”, relató Palmar sobre la escena.
Juristas internacionales califican los ataques como posibles ejecuciones extrajudiciales ilegales, ya que el ejército no puede atacar deliberadamente a civiles que no son una amenaza inminente.
La operación “Lanza del Sur” se desarrolla en un creciente vacío de rendición de cuentas, entre el secretismo oficial, la falta de pruebas públicas y una escalada militar cuyos objetivos finales parecen fluidos; mientras los restos en Colombia cuentan una historia de violencia sobre un pequeño cargamento de marihuana, la narrativa oficial en Washington insiste en una guerra contra el fentanilo y el terrorismo.
