El objeto de la disputa es la Ley de Elecciones Seguras de Arizona, una reforma constitucional que Kolodin y la senadora Shawnna Bolick. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
La gobernadora Katie Hobbs promulgó recientemente febrero el proyecto bipartidista HB2022; el secretario de Estado Adrián Fontes celebró la celeridad legislativa y prometió “recordatorios continuos” para candidatos y votantes, pero la calma duró apenas setenta y dos horas.
Al día siguiente, la Cámara estalló; el representante Alexander Kolodin acusó a senadores republicanos de “mala fe” y de jugar un “juego del gato y el ratón” con demandas cambiantes, mientras su resolución HCR2001 avanzaba en estricta línea partidista 32-27.
“Esta Cámara dice: ‘Ya basta’”, espetó el legislador de Scottsdale, aspirante a secretario de Estado; “si miembros recalcitrantes de la mayoría en el Senado no desean cumplir, que se levanten y que sus votos sean contados”.
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El objeto de la disputa es la Ley de Elecciones Seguras de Arizona, una reforma constitucional que Kolodin y la senadora Shawnna Bolick impulsan desde noviembre, si ambas cámaras la aprueban, eludirá el veto de Hobbs y llegará a las urnas en noviembre.
Siete disposiciones reescribirían la carta magna electoral: ciudadanía exclusiva para votar; identificación gubernamental “concurrente con el sufragio”, fin del voto anticipado el viernes previo a las generales; prohibición de aportes extranjeros y solicitud activa del voto por correo cada dos años.
El punto más álgido es la frase “concurrente con el sufragio”, Jen Marson, directora ejecutiva de la Asociación de Condados de Arizona, advirtió que cuando alguien vota presencial muestra su identificación al ingresar, no al mismo tiempo que deposita la boleta.
Los directores electorales temen que el texto constitucional, huérfano de reglamentación, genere caos administrativo y litigios interminables.
Kolodin calificó esas inquietudes como “tontas” e insistió en que la identificación no es negociable, mientras sostuvo que alinea a Arizona con Florida, estado donde los resultados fluyen más rápido.
Sin embargo, la senadora Theresa Hatathlie, demócrata de Coal Mine Mesa y miembro de la Nación Navajo, llevó al estrado un testimonio desgarrador: su hermana mayor, de 67 años, nació en casa y carece de acta de nacimiento:
“Ha intentado obtener un certificado durante quince años”, dijo.
Gail Hunnicutt, de la Nación Yavapai de Fort McDowell, corroboró que muchos nativos no poseen el documento basal para obtener una identificación.
La oficina de Fontes calculó que, de haber regido la nueva fecha límite en 2024, más de 265,000 votantes habrían visto sus boletas rechazadas.
El propio Kolodin admitió que el término “ubicados convenientemente” para los centros de votación carece de precisión, aunque lo defendió como margen para que futuras legislaturas ajusten realidades impredecibles.
El líder minoritario Óscar De Los Santos contraatacó en el pleno: “Kari Lake se postuló dos veces con esta retórica y fue humillada en las urnas dos veces”; sostuvo que es “empíricamente falso” que los arizonenses respalden medidas basadas en afirmaciones no probadas de fraude.
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La resolución, que también prohibiría fondos foráneos, algo ya ilegal en donaciones a candidatos y exigiría prueba de ciudadanía para votar por correo, reposa ahora en el Senado, donde la versión espejo de Bolick aguarda audiencia.
Lo que comenzó como una armonización calendárica con apoyo demócrata se ha convertido en la línea de fuego de la elección de medio término; mientras Rogers celebraba haber “protegido a votantes militares”, Kolodin libra su propia batalla por la secretaría de Estado contra Fontes.
