La ley HB2330 aprobada con apoyo bipartidista, autoriza a los ciudadanos a solicitar que se agregue una «bandera de adaptación comunicativa / Foto: Cortesía / Facebook PHX PD
La representante estatal Julie Willoughby, líder de la mayoría en la Cámara de Arizona, celebró la firma de la ley HB2330, una iniciativa que permitirá a personas con discapacidades comunicativas registrar sus necesidades de comunicación en los sistemas del Departamento de Transporte de Arizona (ADOT, por sus siglas en inglés). La información estará disponible de forma segura para agentes de policía durante paradas de tránsito u otros encuentros.
La ley, aprobada con apoyo bipartidista, autoriza a los ciudadanos a solicitar que se agregue una «bandera de adaptación comunicativa» a su licencia de conducir o registro vehicular. Esta señal indicará que el titular, o alguien que viaje frecuentemente en su vehículo, podría requerir ajustes como intérpretes de lengua de señas, más tiempo para responder o métodos alternativos de comunicación.
“Este proyecto brinda a los oficiales datos clave para abordar situaciones con mayor preparación, especialmente al interactuar con personas sordas, con autismo o con otras condiciones. Es una solución práctica que respeta la privacidad, reduce tensiones y protege vidas”, explicó Willoughby.
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El mecanismo es voluntario y solo se activará si el ciudadano lo solicita. Los datos se compartirán exclusivamente con agencias policiales mediante canales seguros, como sistemas informáticos de despacho. La medida busca prevenir malentendidos durante encuentros de alto estrés, como multas o accidentes.
Willoughby destacó que la ley HB2330 surgió tras diálogos con miembros de la comunidad sorda y con discapacidades comunicativas de Arizona. “Ellos pidieron herramientas para identificar sus necesidades antes de una interacción con la policía”, afirmó.
“Nadie está obligado a participar, pero quienes lo hagan tendrán una capa adicional de claridad”, recalcó la legisladora. La norma refuerza controles sobre cómo se almacena y usa la información médica en licencias, limitándola estrictamente a fines de seguridad pública.
La HB2330 amplía disposiciones existentes del código médico estatal, permitiendo a los ciudadanos decidir cómo se gestionan sus datos. “Esto refleja nuestro plan republicano: proteger derechos individuales y hacer que el gobierno sirva a la gente”, agregó Willoughby.
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Organizaciones de defensa de discapacitados han elogiado la ley HB2330 como un avance hacia la inclusión. Aunque no resuelve todos los desafíos, establece un marco para que fuerzas policiales adapten protocolos, como llevar tabletas con interpretación en tiempo real o evitar tácticas que puedan agravar crisis sensoriales.
Con esta medida, Arizona se une a un puñado de estados que integran sistemas similares, combinando tecnología, privacidad y empatía en el diseño de políticas públicas.
