Una inusual controversia entre la gobernadora Katie Hobbs, la fiscal general Kris Mayes y los líderes legislativos republicanos se generó sobre el destino de 115 millones de dólares. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
Juez permite gastar fondos del acuerdo sobre opioides en prisiones estatales
En un fallo que pone fin a una disputa de alto perfil, el juez del Tribunal Superior del condado de Maricopa, John Hannah, dictaminó que Arizona puede utilizar el dinero del acuerdo sobre opioides en prisiones estatales; la decisión resuelve una controversia entre la gobernadora Katie Hobbs, la fiscal general Kris Mayes y los líderes legislativos republicanos sobre el destino de 115 millones de dólares.
Estos fondos fueron transferidos al Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reingreso en el nuevo presupuesto estatal, aprobado por los legisladores republicanos y Hobbs tras meses de negociaciones para cerrar un déficit de 1,400 millones de dólares, pero la fiscal general Mayes criticó duramente la medida, acusando a los legisladores de usar ilegalmente fondos del acuerdo para cubrir agujeros presupuestarios y advirtiendo que ello podría poner en peligro futuros desembolsos.
Arizona espera recibir más de 1.1 mil millones de dólares en los próximos 18 años como parte de un acuerdo nacional con compañías farmacéuticas y farmacias, incluyendo Walgreens y CVS.
Mayes argumentó que el dinero está destinado estrictamente a la remediación de opioides, como educación, prevención y tratamiento y por ello días después de la firma del presupuesto, Mayes obtuvo una orden de restricción temporal para congelar la transferencia de fondos.
Sin embargo, el juez Hannah disolvió esta orden de restricción afirmando que no existe evidencia de que el dinero se utilizará en conflicto con el acuerdo de conciliación; el presupuesto especifica que el Departamento Correccional debe utilizar los fondos para abordar los efectos de la adicción a los opioides y cumplir con los términos del acuerdo.
“El Departamento Correccional del estado utilizará el dinero solo para costos pasados y actuales del departamento para atención, tratamiento, programas y otros gastos para personas con trastorno por uso de opioides y cualquier trastorno por uso de sustancias o condiciones de salud mental concurrentes o para cualquier otro propósito aprobado según lo prescrito en una orden judicial”, se lee en el proyecto de ley de presupuesto.
Hannah dejó abierta la posibilidad de recurso si los fondos se gastan en fines no autorizados, permitiendo a Mayes presentar una demanda para recuperar el dinero.
En una declaración, Mayes expresó su desacuerdo con la medida de “barrer” los fondos y se comprometió a garantizar su correcto uso.
“Estaré monitoreando de cerca cada centavo del gasto de la ADCRR. También creo que esta medida pone en riesgo futuros pagos de liquidación”, afirmó.
Por su parte, Hobbs y los líderes legislativos republicanos criticaron el intento fallido de Mayes de detener la transferencia. El portavoz de Hobbs, Christian Slater, declaró: “El Fiscal General se equivoca rotundamente con la ley y caracterizó erróneamente la financiación de opioides en el presupuesto bipartidista. El fallo es correcto”.
El presidente del Senado, Warren Petersen, calificó el caso como “frívolo” y subrayó la importancia de los hechos y las leyes. El presidente de la Cámara de Representantes, Ben Toma, se mostró “complacido” con la decisión y confió en que los fondos impactarán positivamente el sistema penitenciario de Arizona.
“Ahora los fondos serán gastados legalmente por el Departamento Correccional, según lo previsto en el presupuesto y para ayudar a las personas afectadas por los opioides”, dijo Toma en un comunicado.
