Representantes políticos como la congresista Yassamin Ansari, el diputado Oscar De los Santos, Alejandra Gómez, directora de LUCHA y Marisol García, líder de los maestros de Arizona, entre muchos otros, durante la conferencia de prensa en la antigua sala del Senado de Arizona, en el Museo del Capitolio. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
El cierre del gobierno y la batalla por la atención médica, una crisis nadie eligió
Un cierre del gobierno federal, calificado como deliberado y evitable, mantiene en vilo a Arizona, donde legisladores demócratas y líderes comunitarios alertan sobre el caos y el dolor que esta medida está infligiendo a las familias trabajadoras, los veteranos y los estudiantes más vulnerables.
En conferencia de prensa en la antigua sala del Senado del Museo del Capitolio y en medio de acusaciones cruzadas, la congresista Yassamin Ansari, el diputado estatal Óscar De Los Santos y Marisol García, presidenta de la Asociación de Educación de Arizona, entre otros, coincidieron en señalar que el verdadero rostro de esta parálisis gubernamental perjudica a la mayoría mientras beneficia a los más adinerados.
Por cierto que la conferencia fue detenida con todavía muchos oradores por exponer, con el equipo de seguridad del Capitolio argumentando demasiado ruido.
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La congresista Ansari fue enfática al desmentir las afirmaciones republicanas sobre los inmigrantes indocumentados y el sistema de salud. “Como está la situación, los inmigrantes indocumentados en este país no tienen acceso a él. Son los republicanos los que están arrebatando la atención médica”, declaró,
Ansari añadió que los centros de salud comunitarios están cerrando y que los hospitales, muchos de los cuales ya han clausurado en todo el país, continuarán haciéndolo.
“Por favor, sigan el rastro de lo que le están haciendo a la salud en el país y cómo la gente se verá afectada”, instó Ansari, quien expresó su esperanza de que sus colegas republicanos de Arizona lleguen a la misma conclusión y trabajen en un proyecto de ley de gastos que proteja la atención médica.
Esta crisis se desarrolla mientras el Congreso, controlado por los republicanos, avanza con su iniciativa fiscal denominada “gran y hermoso proyecto de ley”, un paquete que, según análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, añadiría billones de dólares al déficit nacional.
Dicha legislación busca hacer permanentes los recortes fiscales de 2017, que beneficiaron desproporcionadamente a las corporaciones y a los sectores más acaudalados, al tiempo que implementa profundos recortes de gastos en programas sociales vitales.
El paquete incluye reducciones a Medicaid por casi 700,000 millones de dólares y al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria por 267,000 millones, lo que podría dejar a millones de estadounidenses sin cobertura médica y afectaría particularmente a las comunidades latinas y rurales.
En el ámbito local, el diputado Óscar De Los Santos no dejó lugar a dudas sobre a quién responsabiliza: “Los políticos republicanos en el Congreso han cerrado deliberadamente el gobierno federal y las familias en Arizona están pagando el precio”, afirmó.
“Este cierre no es un accidente. Es una elección imprudente y evitable, una que desatará el caos, la confusión y el dolor en las personas trabajadoras en cada rincón de nuestro estado”.
De Los Santos contrastó las acciones de su partido, que implementó alimentos escolares gratuitos para los estudiantes, con las de los republicanos, que “han quitado la comida de la mesa de las familias trabajadoras”.
También alertó sobre el peligro que corre un programa vital para 150,000 mujeres embarazadas, bebés y niños en Arizona, y denunció el abandono a los veteranos, cuyos entrenamientos laborales y líneas de ayuda del cementerio nacional están siendo clausuradas.
“La respuesta es simple: los políticos republicanos en Washington harán cualquier cosa con tal de arrebatarle la atención médica a la gente”, sentenció.
Desde la perspectiva educativa, Marisol García, dirigente de la Asociación Educativa de Arizona (AEA) una maestra de estudios sociales de octavo grado, destacó el impacto en las escuelas: “Queremos dejar muy claro, en solidaridad, que este cierre afectará a las personas más vulnerables de nuestra comunidad”, aseguró.
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Explicó que la Ayuda de Impacto, un fondo federal de hasta 200 millones de dólares anuales que apoya a estudiantes en distritos que albergan tierras federales o instalaciones militares, se está perdiendo, perjudicando de manera desproporcionada a los distritos republicanos.
García también se refirió a la inestabilidad que genera la paralización para el aprendizaje y a la crisis de asequibilidad de la atención médica para los educadores. “Muy rara vez se encuentra un educador público que pueda cubrir a su cónyuge o a su hijo. Es demasiado caro”, relató.
Con la claridad que usa en su aula, García envió un mensaje a los legisladores: “Pónganse de acuerdo. Los niños están empezando [a sentir el impacto], la gente va a morir, los estudiantes no tendrán un lugar seguro al que ir a la escuela. Necesitamos que se pongan de acuerdo”.
La advertencia de estos líderes refleja un temor más amplio sobre la sostenibilidad del sistema de salud, particularmente en las zonas rurales donde el cierre de hospitales se ha convertido en una crisis silenciosa.
Según análisis del Departamento de Agricultura, el cierre de un hospital o clínica rural resulta en una disminución inmediata en la disponibilidad de proveedores y aumenta la distancia que los residentes deben recorrer para acceder a la atención, una situación que se vio agravada durante la pandemia.
Mientras el gobierno permanece cerrado, la presión sobre estos servicios esenciales y los trabajadores que los sostienen no hace más que aumentar, dejando al descubierto las profundas consecuencias humanas de una batalla política que, según los oradores, Arizona no pidió.
