El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado una nueva ola de controversia al describir a Los Ángeles como una ciudad “invadida y ocupada por inmigrantes ilegales y criminales”, y afirmar que las recientes protestas solo refuerzan su determinación de intensificar las deportaciones.
“Estos disturbios sin ley sólo fortalecen nuestra determinación”, escribió Trump en la red social Truth Social. “Estoy ordenando a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; al secretario de Defensa, Pete Hegseth; y a la fiscal general, Pam Bondi, que tomen todas las medidas necesarias para liberar a Los Ángeles de la invasión de inmigrantes y poner fin a estos disturbios”.
Estas declaraciones se producen tras el tercer día consecutivo de manifestaciones en Los Ángeles, motivadas por las redadas masivas llevadas a cabo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) desde el viernes, en las que al menos siete operativos fueron reportados.
Como respuesta directa a las protestas, Trump ordenó el despliegue de 2 mil efectivos de la Guardia Nacional. Este domingo, algunos de estos efectivos ya fueron apostados frente al edificio federal en el centro de la ciudad.
La decisión del mandatario se realizó bajo una controvertida disposición federal que le permitió pasar por alto la autoridad del gobernador de California, Gavin Newsom, marcando un hecho sin precedentes en las últimas seis décadas.
Llamado a la protesta pacífica
En reacción a los acontecimientos, tanto el gobernador Newsom como la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, han instado a la población a ejercer su derecho a protestar de manera pacífica.
“No le den a Trump lo que quiere”, escribió Newsom en sus redes sociales, llamando a evitar la violencia que pueda justificar mayores represiones.
Sin embargo, este domingo las protestas escalaron en algunos puntos de la ciudad. Se registraron enfrentamientos entre manifestantes y agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). La policía declaró la manifestación como “asamblea ilegal” para proceder a dispersar a las multitudes. Hasta el momento, no se han reportado arrestos.
La situación sigue evolucionando, mientras organizaciones civiles y defensores de los derechos de los inmigrantes alertan sobre el riesgo de una escalada mayor en el uso de la fuerza y en las políticas de deportación impulsadas por la actual administración.
