Los números de la Patrulla Fronteriza demuestran que las entradas de indocumentados ha ido considerablemente a la baja, sin embargo se siguen impulsando las políticas antiinmigrantes. CORTESIA: Border Patrol
Corte Suprema de Arizona permite que Proposición 314 llegue a la boleta electoral
La Corte Suprema de Arizona ha decidido que una propuesta republicana, que convertiría en un delito estatal el cruce de migrantes por la frontera sur y facultaría a la policía local para arrestarlos, podrá ser sometida a votación en noviembre.
Esta decisión rechaza la demanda de opositores que argumentaban que la propuesta violaba una disposición constitucional que limita las preguntas en la boleta electoral a un solo tema.
Cuatro grupos de defensa de los derechos latinos habían presentado una demanda, alegando que la propuesta, conocida como la “Ley de Frontera Segura” (Proposición 314 que resultó de la HCR 2060), violaba el requisito de la Constitución de Arizona de que las propuestas en la boleta se limiten a un solo tema, ya que modifica diversas partes de la legislación estatal.
La propuesta convertiría en delito grave la venta de fentanilo letal, castigaría a los inmigrantes indocumentados que presenten documentación falsa para solicitar empleos o beneficios públicos, y haría que cruzar ilegalmente la frontera sur sea un delito estatal castigado con prisión.
El mes pasado, un tribunal de primera instancia rechazó este argumento, y la Corte Suprema del estado ratificó esa decisión de manera unánime el martes; en una breve orden, el tribunal superior indicó que existe una “fuerte presunción” de que cualquier cosa que la legislatura envíe a la boleta es constitucional, y que los demandantes no presentaron pruebas suficientes para refutar esa presunción.
Los legisladores republicanos habían insertado un lenguaje en la legislación declarando que el propósito general era abordar los “daños” que se originan en la frontera sur, en un intento de combatir un desafío legal sobre el tema de un solo asunto.
Los opositores argumentaron que permitir a la legislatura declarar que su trabajo es constitucional mediante la inclusión de un lenguaje general que vincule amplias disposiciones diferentes haría que el requisito de un solo tema en la Constitución estatal carezca de sentido. Afirmaron que permitir que los legisladores republicanos usen temas amplios para defender una legislación que antes consistía en cinco proyectos de ley separados socava ese requisito.
Una de las primeras versiones de un proyecto de ley que luego se insertó en la ley fue vetada por la gobernadora Katie Hobbs, y otros dos eran casi idénticos a esa propuesta fallida. Los proyectos de ley restantes que inspiraron disposiciones en la ley, incluidos aquellos relacionados con la venta de fentanilo letal y los castigos legales por presentar documentación falsa, se habían estancado previamente en la legislatura.
Sin embargo, la Corte Suprema no estuvo de acuerdo, afirmando que es suficiente que los componentes de la Proposición 314 estén “razonablemente relacionados” con el tema de la frontera.
“No es necesario que los componentes tengan una relación independiente entre sí”, escribió la jueza principal Ann Scott Timmer en la orden.
Alejandra Gomez, directora ejecutiva de Living United for Change in Arizona, uno de los demandantes en la demanda, dijo que la decisión “amenaza las libertades fundamentales y los derechos civiles de todos los arizonenses” al permitir que la Proposición 314 avance a la boleta de noviembre. Se comprometió a luchar para derrotarla en las urnas y tocar más de un millón de puertas antes del Día de las Elecciones para “informar y movilizar a los votantes”.
“Las motivaciones detrás de esta proposición son claras: infundir miedo, promover el perfil racial y permitir la vigilancia excesiva de los vecindarios de Arizona”, dijo en un comunicado escrito. “Si la Proposición 314 se aprueba, todos los arizonenses, independientemente de dónde vivan, estarán sujetos a un escrutinio intenso, tácticas invasivas de detención y cacheo, y un nivel sin precedentes de investigación policial”.
Viri Hernández, directora de estrategia de Poder In Action, otro de los demandantes, dijo que la decisión deja en claro a las agencias de aplicación de la ley de Arizona que “el perfil racial continuo es aceptable” en el estado.
“Y reafirma lo que las comunidades de color han sabido durante mucho tiempo: el sistema de justicia en Arizona nunca fue construido para nuestra seguridad”, dijo. “Continuaremos luchando y protegiendo a nuestras comunidades ante la violencia estatal continua”.
Si los votantes aprueban la Proposición 314, es probable que la medida siga envuelta en litigios que cuestionen su constitucionalidad, esto se debe a que su implementación requerirá fondos, y en 2004 los votantes de Arizona enmendaron la constitución estatal para exigir que cualquier medida en la boleta que aumente el gasto estatal no solo proporcione dinero para cubrir esos costos, sino que ese dinero no provenga de la cuenta operativa general del estado.
Además, los republicanos no asignaron ningún financiamiento para hacer realidad los requisitos de la propuesta, a pesar de las repetidas advertencias de las fuerzas del orden y los funcionarios estatales sobre los costos inevitables.
