El senador Mark Kelly y la alcaldesa Kate Gallego escucharon opiniones de líderes hospitalarios, sociales y proveedores de servicios en reciente mesa redonda. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
La implementación de la One Big Beautiful Bill Act devastará el sistema de salud de Arizona, donde entre 200,000 y 350,000 personas perderán cobertura médica y el estado sufrirá un recorte anual de $2,000 a $3,000 millones en fondos federales para Medicaid.
Estas proyecciones, reveladas durante una mesa redonda convocada por la alcaldesa Kate Gallego y el senador Mark Kelly, exponen el impacto catastrófico de la reforma sanitaria en comunidades vulnerables; líderes hospitalarios, aseguradoras y proveedores de servicios sociales alertaron sobre un “efecto dominó” que afectará incluso a quienes conserven sus seguros.
La ley, aprobada en mayo por un ajustado margen de 215-214 votos, implementa tres cambios estructurales en el Sistema de Contención de Costos de Salud (AHCCCS, por sus siglas en inglés).
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A partir de diciembre de 2026, adultos sin discapacidad ni hijos dependientes deberán probar 80 horas mensuales de trabajo, voluntariado o formación profesional para mantener su cobertura.
Aunque existen exenciones para embarazadas, discapacitados y mayores de 65 años, BethKohler de la Arizona Association of Health Plans advirtió que la burocracia paralizará a beneficiarios con enfermedades crónicas o sin acceso estable a internet:
“El papeleo adicional hará que muchos pierdan cobertura aunque sigan siendo elegibles”.
La verificación de cumplimiento exigirá al estado crear un sistema de monitoreo con costos iniciales estimados en $50 millones.
Los beneficiarios deberán reconfirmar sus datos cada seis meses —en lugar de anualmente—, aumentando el riesgo de “caídas administrativas”.
Helena Whitney de la Arizona Hospital and Healthcare Association destacó que esto agravará el “ciclo de altas y bajas” en pacientes con cáncer o diabetes, cuyo tratamiento se interrumpe temporalmente por errores documentales, encareciendo su atención final.
Simultáneamente, el tope para impuestos que hospitales y clínicas pagan al estado bajará del 6% al 3.5% de sus ingresos, reduciendo el mecanismo que Arizona usaba para obtener fondos federales.
Steve Purvis de Valleywise Health explicó que esto eliminará $450 millones anuales destinados a pagar primas de 200,000 personas y compensar servicios no remunerados 14.
El senador Kelly narró el caso de Alicia Jefferson, madre cuyo hijo de un año padece asma severa y depende de AHCCCS para costear medicamentos de $1,000 mensuales: “Sin AHCCCS, la salud y estabilidad financiera de su familia colapsarían”.
Enrique Davis-Mazlum, director estatal de UnidosUS, detalló que más de 700,000 niños en Arizona dependen de AHCCCS para atención médica, y más de la mitad son latinos.
En Phoenix, el 50% de los niños del ciudad requieren este programa.
Para Ray Ochoa, jefe asistente del Departamento de Bomberos de Phoenix, el impacto operativo será inmediato: “Actualmente el 40% de nuestros traslados en ambulancia son de pacientes con Medicaid. Si 300,000 quedan sin cobertura, nuestra capacidad de respuesta se retardará hasta 6 horas en picos de demanda”.
El sistema de emergencias verá aumentar los costos no recuperables en $60 millones, forzando recortes en equipos de primera respuesta.
Hospitales al borde del colapso
Brittney Kaufmann de la Health Systems Alliance of Arizona reveló que hospitales rurales planean cerrar unidades de obstetricia y neonatología como medida de supervivencia.
“Un CEO me confesó: ‘Es esto o la quiebra total'”. En áreas urbanas, centros como Valleywise Health, donde el 50% de sus ingresos depende de Medicaid, enfrentarán sobrecupo en emergencias.
Purvis alertó: “Atenderemos a los mismos pacientes, pero más enfermos y sin financiamiento. La calidad de atención caerá en picada”.
El daño económico trascenderá el sector salud: un estudio reciente calcula que por cada $1,000 millones recortados en Medicaid, Arizona perderá 36,000 empleos, $3,700 millones en actividad económica y $138 millones en impuestos locales.
Un escenario extremo podría eliminar 300,000 empleos y $30,000 millones en producción económica, replicando el impacto de la Gran Recesión.
Candy Espino del Arizona Council of Human Service Providers subrayó que el 40% de los adultos no ancianos en Medicaid padecen trastornos mentales o de uso de sustancias.
“Un sistema sólido de salud mental no solo ahorra dinero, sino que salva vidas”.
Scott Hall, subdirector de Soluciones para Personas sin Hogar de Phoenix, advirtió que los recortes generarán una ola de indigencia: “Muchos evitan la calle solo porque reciben servicios de salud mental. Al complicar el acceso, veremos un aumento exponencial”.
La crisis se agrava con conflictos locales: 15,000 niños podrían perder acceso al Phoenix Children’s Hospital por disputas entre el centro médico y la aseguradora UnitedHealthcare.
Emmanuel Villaseñor, especialista en coberturas, aclaró que solo menores con “problemas cardiacos o cuya vida corra peligro” calificarán para extensiones de cuidado.
La resistencia se organiza
Frente al panorama, líderes estatales articulan estrategias, el senador Kelly impulsa una enmienda para eximir a Arizona de requisitos laborales, argumentando que violan la expansión de Medicaid aprobada por votantes en 2000.
Paralelamente, la Cover Arizona Coalition —una red de 1,000 organizaciones— desplegará brigadas en 90 centros de salud para ayudar en reconfirmaciones de elegibilidad.
Su labor previa redujo la tasa de no asegurados de 17.1% (2013) a 11.6% (2015) mediante asistencia en inscripción y alfabetización en salud.
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La alcaldía de Phoenix reasignará $15 millones a clínicas comunitarias para absorber pacientes sin cobertura.
Gallego cerró con un llamado a la acción: “Si usted o un familiar usan Medicaid, actualice sus datos en HealthArizona.gov hoy mismo”.
Mientras, el fantasma de la Gran Recesión, cuando Arizona eliminó cobertura a 250,000 personas, vuelve a planear sobre un sistema que enfrenta su “prueba más dura desde 2008”.
