El presidente Donald Trump y el administrador Lee Zeldin oficializaron la medida en una ceremonia que, según Edder Díaz Martínez. Foto: On Set Media
La legisladora por el distrito 23 de Arizona, Mariana Sandoval y Edder Díaz Martínez, director de comunicaciones de GreenLatinos, advierten que la revocación de la declaración de peligro de 2009 elimina las protecciones para comunidades latinas y tierras sagradas en Arizona, mientras la administración Trump prioriza a los contaminadores sobre la salud pública.
La diputada Mariana Sandoval no titubeó al calificar la decisión de la administración Trump como una sentencia de muerte diferida para miles de arizonenses.
“Lo que ocurrió en la Casa Blanca no fue un acto administrativo, fue la entrega formal de nuestros pulmones a las corporaciones”, declaró la legisladora en conferencia de prensa.
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Edder Díaz Martínez, director de comunicaciones de GreenLatinos, acompañó sus palabras con datos precisos: “La revocación de la declaración de peligro de 2009 elimina el pilar científico y legal que durante diecisiete años permitió a la Agencia de Protección Ambiental limitar los gases que asfixian el planeta”.
El presidente Donald Trump y el administrador Lee Zeldin oficializaron la medida en una ceremonia que, según Díaz Martínez, representa “la mayor transferencia de riqueza de la historia ambiental; los contaminadores ya no responderán ante la ley, solo ante sus accionistas”.
Díaz Martínez trazó el mapa de los estragos que esta decisión sembrará en Arizona: “En Tucson, los residentes del sur respiran dióxido de nitrógeno y partículas finas provenientes de los cruces fronterizos y las termoeléctricas; sin la declaración de peligro, la EPA no tendrá base legal para exigir filtros, monitoreo ni reducciones”.
El corredor industrial del oeste de Phoenix, donde las familias latinas conviven a pocas cuadras de fundiciones y centros de distribución, perderá cualquier recurso federal para objetar nuevas fuentes de contaminación.
“Son zonas de sacrificio que el gobierno acaba de entregar sin condición alguna”, sentenció.
La diputada Sandoval enfatizó el impacto desproporcionado en la niñez latina: “En el sur de Phoenix, las tasas de asma en niños latinos duplican las de niños blancos no hispanos, y la mortalidad por ataques agudos es cuarenta por ciento superior”, puntualizó citando estudios de la Asociación Americana del Pulmón.
La revocación elimina la herramienta que permitía a las comunidades exigir estudios de impacto acumulativo
“Ahora las empresas solo necesitarán un permiso municipal, no un análisis federal de cómo sus emisiones matan lentamente a nuestros hijos y como representante, eso es inaceptable”, agregó.
Las tierras sagradas tampoco quedan exentas; Oak Flat, o Chi’chil Biłdagoteel en apache, ha sido durante siglos sitio ceremonial de los pueblos apache y yavapai, un lugar donde las jóvenes realizan la Danza del Amanecer que marca su transición a la mujer adulta.
Díaz Martínez advirtió que la ausencia de la declaración de peligro abre la puerta a la explotación minera sin evaluación climática.
“Resolution Copper planea excavar un cráter de dos millas de ancho y mil pies de profundidad justo donde generaciones de apaches han celebrado sus rituales”.
“El gobierno federal ya no podrá argumentar que perforar allí contribuye al calentamiento global que seca sus manantiales y diezma las plantas medicinales; es un borrado cultural disfrazado de desregulación”, explicó.
Tanto Sandoval como GreenLatinos ha documentado que el 21 por ciento de las familias latinas en Arizona carece de aire acondicionado.
“El calor extremo, exacerbado por la contaminación por carbono, ya no será considerado una emergencia de salud pública bajo criterios federales”.
Las comunidades latinas, que tienen casi tres veces más probabilidades que las personas blancas de vivir en zonas con aire contaminado, absorberán el impacto con sus pulmones y sus presupuestos familiares.
“La EPA acaba de declarar que nuestra muerte por golpe de calor o nuestros infartos en jornadas agrícolas son un costo aceptable de hacer negocios”, sentenció Díaz Martínez.
Desde enero de 2025, la administración Trump ha revocado más de treinta y una protecciones ambientales; el abandono del Acuerdo de París, la salida de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la cancelación de 7,600 millones de dólares en subvenciones para energía limpia, cada decisión ha ido cincelando el sepulcro de la política climática estadounidense.
Las medidas de protección contra la contaminación que la EPA eliminó podrían haber prevenido aproximadamente 30.000 muertes al año y ahorrado 275,000 millones de dólares anuales en atención médica.
Según la Asociación Americana del Pulmón, de los 18 millones de personas que viven en condados con niveles insalubres de ozono, el 72 por ciento son personas de color.
Más de 140 organizaciones ambientales y de justicia tribal han anunciado demandas; Earthjustice promete llevar el caso hasta la Corte Suprema.
Pero Díaz Martínez se mostró cauto: “El tribunal de hoy no es el de 2007, aunque la ciencia es más sólida, pero los jueces son más dóciles al poder”.
Las batallas legales tomarán años; mientras tanto, Arizona queda expuesta: “Nos arrebataron el derecho a saber qué respiramos, a saber quién nos enferma, a saber cuándo moriremos por decisiones tomadas en una oficina corporativa”, concluyó Díaz Martínez.
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La diputada Sandoval cerró con un compromiso: “No descansaremos hasta que cada latina, cada indígena, cada madre del sur de Phoenix pueda abrir su ventana sin heredar una enfermedad incurable; la declaración de peligro yace en el ataúd de las burocracias, pero el veneno apenas comienza a dispersarse por Tucson, por Maryvale, por los manantiales que aún sostienen la danza de las jóvenes apaches”.
La EPA, sentenció, “Ya no certifica amenazas; certifica indiferencia. Y Arizona, de los monzones cada vez más erráticos al polvo que se cuela por las rendijas de las colonias, sabe que el aire no perdona”.
