El camino hacia la jornada de cuarenta horas y un salario digno ya está trazado en la próxima década, aunque su implementación requerirá una cuidadosa adaptación. CORTESIA: Claudia Sheinbaum / Facebook
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un paquete histórico de reformas laborales que incluye la reducción constitucional de la jornada a cuarenta horas y un nuevo aumento salarial para 2026.
Estas medidas, consensuadas con empresarios y sindicatos, buscan mejorar el bienestar de los trabajadores sin generar presiones inflacionarias, según afirmó la mandataria.
El anuncio refleja la continuidad de una política de recuperación salarial iniciada en 2019, la cual ha permitido incrementos reales sin precedentes en el poder adquisitivo.
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La reforma establecerá la jornada de cuarenta horas en la Constitución, garantizando que la reducción no afecte salarios ni prestaciones; su implementación será gradual, con una disminución de dos horas anuales a partir de 2027, para alcanzar la meta en 2030.
Este cambio posiciona a México en un camino de convergencia con estándares internacionales, considerando que actualmente es uno de los países de la OCDE con más horas trabajadas. La reforma también introduce, por primera vez, la prohibición de horas extras para los menores de edad.
Paralelamente, el salario mínimo general aumentará un 13% en 2026, pasando de 278.80 a 325.04 pesos diarios y en la Zona Libre de la Frontera Norte, el incremento será del 5%, llevando el salario a 440.87 pesos diarios.
Este ajuste beneficiará directamente a 8.5 millones de trabajadores y consolida el nivel salarial más alto registrado desde 1980; el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, destacó que con este salario en la frontera se logra cubrir 2.8 canastas básicas.
El gobierno enfatiza el éxito de la política salarial de los últimos años, que ha permitido una recuperación del poder adquisitivo del 154% desde 2018 y datos oficiales muestran que, mientras en 2025 un salario mínimo compraba 1.8 canastas básicas, en 2026 podrá adquirir 2.0.
Esta tendencia ha sido un factor clave en la reducción de la pobreza, pues se estima que 6.6 millones de personas han salido de esta condición gracias a los aumentos del salario mínimo.
Para el sector empresarial, especialmente las pymes, las reformas presentan retos de ajuste en costos laborales y reorganización operativa.
La reducción de horas podría requerir ampliación de plantillas o cambios en los turnos, particularmente en sectores de servicios continuos como la salud.
Sin embargo, un estudio oficial desmitifica el temor a la fuga de empresas; un análisis en la frontera norte mostró que, tras la creación de la zona salarial diferenciada, el balance neto de movimientos empresariales fue positivo a favor de la región con salario más alto.
El contexto regional es crucial, pues la Zona Libre de la Frontera Norte ya contaba con un salario mínimo significativamente mayor, de 419.88 pesos diarios en 2025.
Las políticas aplicadas desde 2019 han logrado allí una recuperación del poder adquisitivo del 248.7%.
Este esquema dual, con mayores salarios pero también incentivos fiscales, ha demostrado que los estímulos fiscales resultan más determinantes que los costos laborales en las decisiones de localización empresarial.
Las reformas también tienen implicaciones sociales más amplias, pues contribuyen a reducir la brecha de género y la política de salarios mínimos ha beneficiado principalmente a las mujeres, reduciendo la disparidad salarial, especialmente en los municipios con los ingresos más bajos.
Además, el aumento generalizado del salario mínimo ha impulsado el crecimiento del resto de los salarios en la economía, beneficiando a todos los trabajadores formales.
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El consenso tripartito alcanzado es presentado como un pilar fundamental para la viabilidad de estas transformaciones y estas reformas se suman a otros avances recientes, como la duplicación de los días mínimos de vacaciones pagadas.
