La congresista Yassamin Ansari denunció que CoreCivic, que maneja el Centro de Detención de Eloy, ha negado el tratamiento apropiado a Arbella “Yari” Rodríguez Márquez, una residente legal con leucemia. CORTESIA: Rep. Yassamin Ansari / Facebook
CoreCivic, beneficiaria de millonarios contratos de ICE, enfrenta cuestionamientos
Oscar Ramos / Marlene Valero
La empresa privada CoreCivic, que donó millones de dólares a la campaña de Donald Trump y otros republicanos de alto perfil, enfrenta acusaciones de negligencia médica sistemática y condiciones peligrosas en sus centros de detención migratoria, según documentan múltiples informes y casos judiciales.
CoreCivic, anteriormente conocida como Corrections Corporation of America, ha incrementado sus ganancias mediante contratos millonarios con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) bajo la administración Trump.
El Centro de Detención de Eloy en Arizona, operado por CoreCivic, ha sido escenario de al menos 16 muertes desde su apertura en 1994, incluyendo cinco suicidios, y actualmente alberga a Arbella “Yari” Rodríguez Márquez, una residente legal con leucemia cuyo deterioro físico ha generado protestas nacionales.
Rodríguez Márquez, diagnosticada con cáncer hace una década, ha perdido 25 kilogramos, tose sangre y solo recibe paracetamol y medicamentos para úlceras estomacales en lugar de tratamiento oncológico especializado, según denunció la congresista Yassamin Ansari tras visitarla.
ICE alega que Rodríguez Márquez fue arrestada por intentar pasar de contrabando a un migrante indocumentado con identificación falsa, aunque su pareja, Sonia Almaraz (ciudadana estadounidense), insiste en que no tienen antecedentes penales y fueron detenidas arbitrariamente en el cruce de Nogales.
En abril de 2025, ICE justificó un contrato secreto y sin licitación con la empresa para reactivar la prisión de Leavenworth en Kansas, pagando 4.2 millones de dólares mensuales por 1,000 camas, bajo el argumento de una “emergencia nacional en la frontera sur”.
Este contrato se otorgó pese a que un juez federal describió previamente las instalaciones como un “infierno absoluto” debido a la violencia rutinaria, el hacinamiento y la negligencia médica. Abogados de inmigración y grupos de derechos civiles han calificado el acuerdo como un intento de “obtener ganancias del dolor humano”.
La crisis en Eloy ejemplifica patrones más amplios de negligencia y el ejemplo más reciente es el de Lorenzo Antonio Batrez Vargas, un mexicano de 32 años, murió el 1 de septiembre bajo custodia de ICE en Florence, Arizona, convirtiéndose en la duodécima muerte en custodia migratoria en 2025.
La congresista Mariana Sandoval señaló que estas muertes son “trágicas y evitables”, añadiendo que la privación de atención médica para personas con enfermedades terminales equivale a “una sentencia de muerte ilegal e injustificada”.
CoreCivic ha expandido agresivamente su capacidad de detención migratoria y en febrero de 2025, anunció modificaciones contractuales para añadir 784 camas para ICE en instalaciones de Ohio, Nevada y Oklahoma, sumándose a los 1,400 detenidos ya alojados en Mississippi.
Damon Hininger, director ejecutivo de la empresa, afirmó que estos contratos responden a la “demanda creciente de socios gubernamentales”.
No obstante, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Kansas advirtió que CoreCivic tiene un historial documentado de “desatención médica, abuso físico y sexual, y uso prolongado de confinamiento solitario”.
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La disputa legal sobre la legitimidad de estos contratos continúa y en julio de 2025, el Tercer Circuito de Apelaciones falló a favor de CoreCivic en una demanda contra Nueva Jersey, que había prohibido los contratos de detención migratoria privada, argumentando que dicha ley interfería con la autoridad federal.
