La protesta “No Kings” de este sábado está confirmada en 2,500 puntos y se espera que participen cerca de 10 millones. Foto: CORTESIA: Indivisible Arizona / Facebook
La anticipación a las manifestaciones “No Reyes” (No Kings) convocadas para este sábado 18 de octubre en al menos dos mil quinientas ciudades de Estados Unidos incluida Phoenix, en el Capitolio Estatal desde las 11:00 a.m. ha desatado una agria controversia entre el gobierno federal y organizadores de las protestas, en medio de la implementación de una directiva de seguridad nacional que categoriza como indicadores de terrorismo doméstico las posturas políticas disidentes.
La medida ha generado una intensa preocupación entre defensores de libertades civiles sobre los posibles efectos intimidatorios sobre el derecho a la protesta pacífica que se espera reúna a más de 10 millones de personas este fin de semana.
El presidente Donald Trump, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la fiscal general Pam Bondi y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, han caracterizado las inminentes movilizaciones como una “manifestación de odio” hacia Estados Unidos, afirmando que estas expresiones son “prefabricadas, organizadas y financiadas por líderes de Antifa”.
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Estas declaraciones se enmarcan en la reciente designación de Antifa (Anti Fascismo) como organización terrorista doméstica, una categoría que expertos legales señalan carece de base estatutaria específica en la legislación federal.
Sin embargo genera el riesgo de que cualquier manifestante pueda ser catalogado como parte de esta organización, creando un peligroso precedente para quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión consagrado en la Primera Enmienda.
La ex legisladora estatal y activista Raquel Terán, participante en la manifestación “No Kings” programada en el Capitolio de Arizona, respondió a estas acusaciones:
“Cada vez que alzamos la voz por la justicia, intentan etiquetarnos o dividirnos. Pero la verdad es sencilla: somos personas que amamos este país y creemos en la libertad, la dignidad y la democracia. Nos organizamos porque queremos un futuro mejor, no por odio sino por esperanza”.
Terán añadió que: “Mientras algunos buscan sembrar miedo, nosotros sembramos comunidad. Mientras ellos usan el poder para intimidar, nosotros lo usamos para cuidar. Seguimos firmes, pacíficos y unidos, porque el poder está en el pueblo, no en el miedo”.
¿Protestar es terrorismo doméstico?
La base legal para esta ofensiva gubernamental se encuentra en el Memorándum de Seguridad Presidencial NSPM-7, titulado “Contrarrestar el Terrorismo Doméstico y la Violencia Política Organizada”, firmado por Trump el 25 de septiembre.
Este documento, que constituye una directiva de alto nivel para coordinar la estrategia militar, de inteligencia y aplicación de la ley, identifica como “indicadores” de potencial radicalismo conceptos como el “antiamericanismo”, el “anticapitalismo” y el “anticristianismo”, junto con la “hostilidad hacia quienes mantienen visiones tradicionales americanas sobre familia, religión y moralidad”.
El memorándum ordena a las Fuerzas de Tarea Conjuntas contra el Terrorismo del FBI implementar una estrategia nacional para “investigar, procesar y interrumpir entidades e individuos dedicados a actos de violencia política”.
Organizaciones de la sociedad civil han expresado seria preocupación sobre la implementación de esta directiva; la organización Caridad y Seguridad señaló que el memorándum “no crea nuevos poderes, pero busca convertir en armas leyes y agencias existentes” para atacar organizaciones de tendencia izquierdista.
Por su parte, el Consejo Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro, que representa a más de treinta mil entidades, calificó estas acciones como “un ataque descarado a uno de los principios centrales de nuestra democracia: la libertad de expresión”.
Los efectos concretos del NSPM-7 ya son visibles y la fiscal general Bondi citó el memorándum al crear una “fuerza de tarea contra crímenes anti-ICE” para proteger a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas de supuestos “extremistas de izquierda”.
El Departamento del Tesoro ha iniciado auditorías a organizaciones sin fines de lucro y grupos de incidencia señalados como potenciales apoyadores de movimientos “antiamericanos”, lo que ha llevado a importantes firmas legales a advertir a sus clientes que practiquen la “autocensura” para evitar escrutinio.
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Este enfrentamiento entre el gobierno federal y los organizadores de las protestas “No Kings” ocurre en un contexto de creciente tensión política, donde la definición misma de disidencia legítima y terrorismo doméstico se encuentra en disputa.
Con las masivas movilizaciones programadas para este sábado, el país se prepara para un fin de semana que probablemente marcará un nuevo capítulo en el debate sobre los límites entre la seguridad nacional y las libertades civiles en Estados Unidos.
