Este caso convierte a John Bolton en el tercer prominente crítico de Donald Trump en ser imputado en menos de un mes, alimentando el debate sobre una aparente campaña de retribución contra sus enemigos políticos. CORTESIA: The White House
Se intensifica el debate sobre una campaña de represalias políticas contra detractores de Donald Trump
El exasesor de seguridad nacional John Bolton fue acusado formalmente este jueves por un gran jurado federal en Maryland, enfrentando una acusación de 18 cargos por manejo ilegal de información clasificada.
La imputación aleja que Bolton envió más de mil páginas de entradas similares a un diario a personas no autorizadas mientras trabajaba en la Casa Blanca; además de conservar documentos clasificados en su domicilio tras dejar el gobierno.
Este caso convierte a Bolton en el tercer prominente crítico de Donald Trump en ser imputado en menos de un mes, alimentando el debate sobre una aparente campaña de retribución contra sus enemigos políticos.
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Los cargos específicos incluyen ocho delitos de transmisión de información de defensa nacional y diez de retención de dicha información bajo el Espionaje.
Los fiscales sostienen que Bolton compartía regularmente sus resúmenes con dos asociados no identificados pero relacionados con él, quienes carecían de autorización para acceder a material clasificado.
Los agentes del FBI que registraron su casa y oficina este verano incautaron documentos marcados como “Secretos”, “Confidenciales” y “Alto Secreto”, incluyendo algunos sobre armas de destrucción masiva.
Parte de la investigación se centra en las notas que el exasesor redactaba en una cuenta personal de AOL, las cuales fueron posteriormente hackeadas por una potencia extranjera.
La imputación de Bolton se enmarca en una serie de acciones legales recientes contra figuras que han manifestado su oposición a Trump.
n las últimas semanas, el exdirector del FBI James Comey fue acusado de obstrucción al Congreso y declaraciones falsas; mientras que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, enfrenta cargos federales por presunto fraude bancario.
Estas imputaciones, impulsadas por fiscales designados por Trump, han generado un intenso escrutinio sobre el Departamento de Justicia, al cual el presidente republicano ha presionado para que persiga casos criminales contra sus enemigos políticos.
Abbe Lowell, abogado defensor de Bolton, ha mantenido la inocencia de su cliente, argumentando que los documentos incautados eran “registros ordinarios” de un funcionario con una carrera de 40 años; algunos incluso tenían décadas de antigüedad y habían sido autorizados para su uso en el libro de memorias de Bolton.
La relación entre Trump y Bolton, siempre tensa, se rompió definitivamente cuando este fue despedido en 2019.
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Bolton luego se convirtió en un crítico abierto y publicó un libro con un devastador relato de su experiencia trabajando para Trump, lo que le granjeó la ira pública del expresidente, quien lo ha llamado “canalla” y ha sugerido que debería estar “en la cárcel”.
Este caso, que será dirigido por el juez Theodore Chuang en un tribunal de Maryland, representa una encrucijada legal y política de gran calado.
Para los observadores, la imputación de un exfuncionario de tan alto perfil por cargos bajo la Ley de Espionaje es un hecho grave por sí mismo; sin embargo, el contexto temporal y el patrón de acciones judiciales contra críticos del presidente actual suscitan preguntas sobre la independencia del sistema de justicia estadounidense y la instrumentalización de la ley para fines de represalia política.
